Por Horacio Corro Espinosa
Para el 20 de diciembre de 2016
La inseguridad y la corrupción son los temas principales que demanda la ciudadanía en México. Dentro de la corrupción se han desviado recursos, se hacen pagos indebidos, se pagan mordidas, lo utilizan como dinero propio… en fin.
La gente se da cuenta cómo el dinero del pueblo ha transformado vidas durante varias generaciones, y por esa escandalosa situación, para combatir la corrupción y la impunidad, el 27 de mayo de 2015, el Congreso de la Unión, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Quedó pendiente la aprobación de un paquete a las leyes generales y reformas a las leyes secundarias en la materia; pero fueron publicadas en el DOF el 18 de julio de este año.
En el mes de julio de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto, anunció la aprobación de las leyes del SNA, para combatir la corrupción, fomentar la transparencia y la rendición de cuentas.
Todo el escándalo que se hizo por ese motivo, lo hicieron en la misma medida del desconocimiento que tienen a nuestra Constitución, pues de todos es sabido que la solución no radica en la creación de más leyes para justificar la chamba de los legisladores, sino en aplicar y sancionar efectivamente a todo servidor público del nivel que sea, cuando viole la Ley.
Oaxaca aprovechó el escándalo y la difusión nacional, no para combatir la corrupción, sino para favorecerla. Es lo que hicieron los diputados de la 62 Legislatura. Me explico.
A iniciativa del entonces diputado priista Adolfo Toledo Infanzón, e integrantes de la pasada legislatura, junto con los diputados: Dulce Alejandra García Morlán, Amando Demetrio Bohórquez Reyes y Santiago García Sandoval, reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución de Oaxaca y de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado, para beneficiar a los sinvergüenzas.
En vez de combatir la corrupción oaxaqueña, la promovieron para proteger a funcionarios públicos municipales corruptos, así como a los servidores públicos salientes de la administración de Gabino Cué Monteagudo. También lo hicieron para blindar a servidores públicos de la administración de Alejandro Murat Hinojosa.
Las modificaciones que estos diputados locales hicieron, aparecen en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado del 17 de octubre de este año, mismos que violan los principios de la Constitución Federal.
Las reformas a los artículos 65 Bis de la Constitución Política de Oaxaca y a los artículos 37 y 38 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca, quebrantan las bases del Sistema nacional anticorrupción, porque le quitan las escasas facultades a la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca (ASE). Ahora, quien toma el poder es la Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezada por el diputado Irineo Molina Espinoza, de Morena.
A partir de la publicación de las reformas y adiciones a la Ley de fiscalización, la ASE, deja de tener facultades legítimas para promover responsabilidades ante la Fiscalía estatal de combate la corrupción.
Al artículo 37 le adicionan un tercer párrafo, donde a la ASE se le da un plazo de tres años para imponer sanciones, de lo contrario prescribirán, cuando en el artículo 78 de la Ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación, marca un plazo de siete años para fincar responsabilidades e imponer sanciones.
En caso de que la ASE detectara alguna falta administrativa grave de algún servidor público, en lo que completa la investigación, podrían pasar los tres años y el que haya cometido delito, podrá quedar limpio con el simple transcurso del tiempo. Pues decidieron los diputados oaxaqueños, que tres años son suficientes y no siete como lo marca la Ley Federal.
En el decreto 2050, no se habla en ninguna parte, de lo que significa lo que son faltas graves y no graves.
Y todavía hay más, en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Oaxaca, dice que para proceder penalmente en contra de los funcionarios de elección popular y los previstos por el artículo 118, por delitos cometidos con motivo de su encargo, “se requerirá querella del auditor superior previa autorización de la Jucopo”.
En otras palabras, si la Junta de Coordinación Política (encabezada por el diputado Irineo Molina Espinoza) lo autoriza, podrá investigar la ASE a determinado funcionario de elección popular, de lo contrario quedará impune.
Esto no es más que una forma mañosa y tramposa para proteger a tanto ratero que han engendrado los últimos gobiernos del Estado de Oaxaca.
Es probable también, que la 62 Legislatura local haya confeccionado los decretos números 2050 y 2054, para proteger a algunos servidores públicos que están dentro de la administración de Murat Hinojosa.
No hay que olvidar al ex diputado Alejandro Avilés Álvarez, hoy secretario General de Gobierno, en ese entonces presidente de la Jucopo, quien orquestó todo tipo de corruptelas dentro de esa Legislatura, y quien se opuso terminantemente a todo tipo de auditorías.
Si los nuevos legisladores cumplen su promesa de que la ASE revise el manejo de los recursos públicos, y no se oponen como lo hizo la pasada legislatura, recobrarán la confianza de la ciudadanía, quienes por cierto, son los que pagan sus muy decorosos salarios.
No cabe duda que las modificaciones a la Constitución Local y a la Ley de Fiscalización Superior, están hechas para provocar mayor corrupción entre diputados y servidores públicos. Con esto, el diputado, o la Jucopo, podrán ponerle precio a la impunidad. La junta se puede convertir en un mercado del regateo.
Así pues, dichas reformas se prestan a todo tipo de negociaciones o de extorsiones que podrán ejercerlas, de manera legal, los diputados de la actual 63 Legislatura.
Lo más seguro es que Murat Hinojosa, ni sabe que las palabras que ha repetido tantas veces: “quien la hace la paga”, no sirven para darle respuesta a los oaxaqueños, pues estas leyes no las elaboraron a la medida de sus proyectos, sino para otros: los abusivos.
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