La máxima autoridad del municipio de indígenas zoques del municipio de Santa María Chimalapas advirtieron que su paciencia se agotó ante promesas incumplidas, minutas, amparos, controversias constitucionales por lo que anticipan que iniciaran la defensa de su territorio por sus propios medios.

Aseguran que ya su comunidad está “cansada de tanta burla, de tanto y engaño y violación a nuestros derechos como pueblo indígena y también a nuestros derechos humanos como personas”.

Señalan que la conservación de su flora, fauna y suelos “ha sido gracias  a todas esas luchas, que desde nuestros tatarabuelos hasta ahora, nosotros, hemos venido dando los Chimas por defender ese territorio que es la herencia que nos dejaron nuestros antepasados y que será la herencia para nuestros hijos, hijas y nietos”.

Asimismo reivindican sus orígenes olmecas y aseguran que su “territorio lo pagaron con oro, a la corona española por nuestras propias tierras, a cambio nuestros Títulos Virreinales de 1687. Y luego, como territorio comunal, sobrevivimos a las haciendas extranjeras invasoras hasta lograr los decretos de reconocimiento y titulación de bienes comunales de Los Chimalapas en 1967”.

Denuncia el silencio cómplice del gobierno del estado de Oaxaca, al que llaman traidor, que desde el año de 1950, ha permitido la invasión de 160 mil hectáreas, acción alentada por el gobierno de Chiapas y la complicidad del gobierno federal, a través de compañías madereras.

Por lo que tuvieron que tomar la justicia en sus propias manos en el año de 1977, con el cacique Ernesto Castellanos Domínguez  y de nuevo en 1986, siendo hermano del general Absalón, Castellano, gobernador de Chiapas.

Así mismo denuncia en su manifiesto a la opinión publica la actividad de narcoganaderos en la localidad de La Gringa, “encabezados por el entonces gobernador chiapaneco y luego secretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido, a quienes con largas gestiones, presiones y apoyo de la sociedad civil, forzamos a desalojar y que el gobierno federal nos devolviera en papel las 40,945 hectáreas de selvas invadidas, en septiembre de 1994”.

Aseguran que han resistido por 66 años las invasiones a su territorio, que los invasores contaron con el respaldo de la entonces Secretaría de la Reforma Agraria, pero además manipularon la necesidad de la tierra de indígenas tzotziles, por lo que constituyeron unos 30 núcleos agrarios.

Asimismo señalan que de las promesas incumplidas de las autoridades federales están la de desalojar, en junio pasado, parajes invadidos en la zona de San Francisco la Paz; San Isidro la Gringa, donde los invasores se han fortalecido para reiniciar las invasiones; que el único paraje desalojado -el 26 de abril pasado- fue el Zapotal Emmanuel.

Que el colmo el colmo de la provocación del gobierno de Chiapas creo el municipio Belisario Domínguez, -en noviembre de año 2011- en territorio municipal de Santa María Chimalapas, Oaxaca, por lo que “en cuyo caso otra vez los chimas nos vimos obligados de nuevo a hacernos justica propia, yendo a quemar el palacio municipal de Belisario, el 19 de julio del año pasado”, cuando pretendían hacer una elección de autoridades municipales y diputados, comicios que se llevaba a cabo en Chipas.

El pasado seis de octubre las autoridades judiciales liberaron a David Venegas Guerrero, que desde hace más d 25 años comenzó a invadir su territorio, siendo él y su hermano un narcopistolero, protegido por el entonces gobernador de Chiapas, Patrocinio González Garrido y ex secretario de Gobernación.

A David Vega Guerrero lo detuvieron los comuneros el 24 de diciembre pasado, cuando encabezaba un grupo de campesinos de Uxpanapa, Veracruz, manteniéndolo es su poder pero entregado a las autoridades el 17 de enero, con la promesa que iba a ser juzgado con todo el rigor de la ley, pero fue puesto en libertad, por el juez de garantías Alberto Villalana Villalobos, al calificar de no graves los delitos de David Vega, dejándolo en libertad por una ridícula fianza de $40 mil pesos.

“La reacción de nuestra asamblea no se hizo esperar y fue por lo que por decisión unánime, centenares de comuneros nos trasladamos indignados a Matías Romero y nuevamente en nombre de nuestra justicia burlada, quemamos el Juzgado de Garantías y la oficina del ministerio público el pasado siete de octubre”.

Afirman en sus manifiesto que “nuestro pueblo chima decidirá pronto en asamblea general, qué acciones tomará en el futuro, para directamente y por justicia, salvar nuestro ancestral territorio y no permitir más daño a nuestra madre tierra,

“Públicamente los hacemos a ustedes  responsables directos de lo que por esta decisión comunal pueda llegar a ocurrir, pues eso será debido a la burla, incapacidad o mala fe con la que por 66 años han venido actuando ustedes los funcionarios, supuestamente responsables de ejercer la justicia, en contra de nuestros derechos como pueblo indígena y en contra de los derechos de la madre naturaleza”.

El escrito va a dirigido al presidente de la República Enrique Peña Nieto, al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y a la ministra Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Está firmado por los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales Armando López González,  Presidente; Edgar Mendoza Hernández, Secretario,  Raciel Francisco Carrasco, tesorero y Guillermo López Zárate, consejo de Vigilancia.