* Luis Raúl González Pérez señaló que ese derecho debe entenderse como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no sólo como la ausencia de afecciones o enfermedades
* Simposio CONAMED 2015 “El Derecho a la Protección de la Salud”

México, DF., 27-sep-2015.- La protección de la salud es un derecho humano no patrimonial, ni negociable, que debe ser garantizado y exigible, señaló el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, al participar y moderar la Mesa de Trabajo: Alcances del derecho humano a la protección de la salud.

En el marco del Simposio CONAMED 2015 “El Derecho a la Protección de la Salud”, que se llevó a cabo en el auditorio de la Academia Nacional de Medicina, destacó la importancia de que México construya un robusto sistema de protección de la salud, que permita enfrentar fenómenos como la desigualdad en el acceso a la salud, el desabasto en medicinas, que no se cuente con tratamientos adecuados, entre otros, relacionados con la responsabilidad del Estado como garante de la salud.

“La protección del derecho a la salud y los problemas de salud pública corresponden a todas las instancias y autoridades, e implican la implementación de acciones conjuntas con un enfoque de inclusión y acceso a todas las personas, reconociendo la dinámica de este derecho y su relación con la garantía de otros como la alimentación, vivienda, trabajo, integridad personal, vida y medio ambiente sano”, dijo.

González Pérez aseguró que en México se debe entender el derecho a la protección de la salud, como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades.

El estado físico y mental –añadió-, se consigue satisfaciendo todos los derechos humanos, con base en los principios de interdependencia e indivisibilidad, y el bienestar social, al acceder a satisfactores económicos, ambientales, culturales y políticos.

El ombudsman nacional destacó que ante los retos que plantean los problemas de nuestro presente es necesario un abordaje multidisciplinario y social de las enfermedades y las condiciones médicas específicas. “Debemos dialogar sobre cómo asegurar las condiciones plenas para que cada afección a la salud pública pueda ser tratada de manera gratuita y bajo los más altos estándares de calidad”, precisó.

Luego de señalar que las obligaciones del Estado frente a este derecho se dan en tres niveles: respetar, proteger y cumplir, enfatizó que los fenómenos o factores que afectan el derecho a la protección de la salud se relacionan con interacciones sociales, que van desde la promoción del bienestar físico y la promoción de una alimentación adecuada, hasta factores socioeconómicos, de desigualdad e inclusive relacionados con el deterioro ambiental.

También, se refirió a la situación de vulnerabilidad de las mujeres, pueblos y comunidades indígenas, personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas privadas de la libertad, así como la niñez y adolescencia, quienes sufren mayormente violaciones a su derecho a la protección de la salud.

En el panel también participaron el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz; el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, José de Jesús Orozco Henríquez y el profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, José Antonio Caballero Juárez, quienes dieron puntual respuesta a las preguntas del auditorio.