México.- El Gobierno de México toma nota del fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos emitido hoy en el caso Arizona vs. Estados Unidos, relativo a la ley SB1070 de Arizona.

Como se ha expresado reiteradamente, México siempre ha afirmado el derecho de todo país a emitir y aplicar sus propias leyes en su territorio. En ese sentido, el Gobierno de México reconoce que la Corte estableció que las secciones 3, 5(c) y 6 de la ley, continuarán suspendidas al haber sido declarado inconstitucionales.

La última de estas secciones pretendía autorizar a las autoridades locales a arrestar sin una orden judicial a cualquier persona cuando hubiera “causa probable” para suponer que pudiera ser sujeta a ser removida de Estados Unidos.

No obstante, el Gobierno de México lamenta que la Corte no haya encontrado, en principio, elementos para declarar inconstitucional la sección 2(b) de la SB1070 en función de la preeminencia de la ley federal.

Esta sección faculta a las autoridades estatales en casos de detención o arresto a verificar, bajo ciertas circunstancias, la condición migratoria de las personas. Al respecto, el Gobierno de México toma nota de que la decisión de la Corte deja abierta la posibilidad de que dicha sección se impugne una vez que entre en vigor y en tanto las cortes inferiores establecen un criterio para su aplicación.

Desde abril de 2010, México ha señalado, de manera firme, que la ley SB1070 y otras similares no reconocen las numerosas contribuciones de los migrantes a sus comunidades de destino. Por el contrario, este tipo de leyes conlleva altos costos políticos y no contribuye al entendimiento entre nuestras sociedades. La aplicación de dichas leyes estatales podría resultar en violaciones a los derechos civiles de los mexicanos que residen o visitan estados donde han entrado en vigor.

Este fallo tendrá amplias implicaciones legales y políticas, al igual que la posterior interpretación por las cortes estadounidenses de la sección que no fue bloqueada. Asimismo, aún existen otros procesos y recursos jurídicos en curso contra la ley SB1070 y las legislaciones similares aprobadas en otros estados.

El Gobierno de México ha apoyado cada demanda de este tipo interpuesta por el Gobierno de Estados Unidos y la sociedad civil estadounidense, bajo la figura de “Amigo de la Corte”, con el respaldo de diversos países latinoamericanos.

El Gobierno de México seguirá abogando por la adopción de esquemas que reflejen la complementariedad de las economías y mercados laborales de América del Norte. Para impulsar el bienestar, la prosperidad y la competitividad en la región, los flujos migratorios deben ser legales, seguros, ordenados, y respetuosos de los derechos humanos.

Asimismo, trabajando con actores políticos y organizaciones de la sociedad civil estadounidense, se continuará promoviendo una visión objetiva y respetuosa de las comunidades mexicanas en Estados Unidos.

El Gobierno de México, a través de su Embajada en Estados Unidos y su red consular, continuará manteniendo debidamente informada a las comunidades mexicanas sobre los alcances y efectos de la decisión adoptada hoy y de las que se tomarán en las siguientes etapas de las demandas en curso.

Continuará asimismo instrumentando todas las acciones legales, políticas y diplomáticas a su alcance para defender los derechos fundamentales de los mexicanos en ese país, sin importar su condición migratoria.