* Que el ideal de fraternidad se sustente en el reconocimiento y respeto de la dignidad humana
* El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2018 al doctor Héctor Fix Zamudio y la Mención Honorífica a Tita Radilla

Ciudad de México.- Los derechos humanos deben ser el eje de la cuarta transformación del país, ya que las tres transformaciones anteriores estuvieron marcadas por la división interna, la violencia y la confrontación fraticida, afirmó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Durante la ceremonia donde el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el Premio Nacional de Derechos Humanos 2018 al doctor Héctor Fix Zamudio y Mención Honorífica a Tita Radilla, agregó que el ideal de fraternidad marca la necesidad de que este cambio se sustente en el reconocimiento y respeto de la dignidad humana.

En este acto, López Obrador ratificó la convicción de su gobierno de no promover la violación de derechos humanos ni proteger a quienes incurran en ello, además de que aceptará y cumplirá todas las recomendaciones emitidas por la CNDH y respetará la autonomía del Organismo Constitucional.

González Pérez agregó que esta meta de legalidad y fraternidad hace necesario que no se condene o estigmatice el legítimo ejercicio y defensa de los derechos; que se respete la pluralidad y el disenso; que no se debilite la institucionalidad democrática precarizándola o haciéndola administrativamente inoperante; que se respeten el equilibrio de poderes y las competencias constitucionalmente establecidas.

Asimismo que la ignorancia y la pobreza no sean vistas como virtudes, sino como condiciones que deben superarse si en realidad se busca el desarrollo del país, partiendo del bienestar de sus habitantes. Que se respeten la Constitución y las leyes, como producto histórico de las luchas y aspiraciones de nuestro pueblo.

El premio fue recibido por Héctor Fix Fierro, hijo del académico, investigador, universitario de excepción, humanista y, por derecho propio, uno de los pilares y referentes indiscutibles del desarrollo y consolidación de los derechos humanos y sus mecanismos de garantía en México e Iberoamérica.

Luego de mencionar que el Estado no ha podido prevenir o contener la violencia, González Pérez precisó que la reconstrucción del tejido social y la búsqueda de la paz no pueden legitimar la impunidad o promover medidas que desvíen o condicionen la verdad y que se concrete la justicia.

México y sus víctimas no olvidan, enfatizó, para poner en relieve que se otorgó Mención Honorífica del Premio Nacional de Derechos Humanos a la señora Tita Radilla, víctima e incansable luchadora social que desde su dolor ha construido las bases para una labor por la vigencia de los derechos humanos porque el país no olvide a sus desaparecidos -incluidos los de la “guerra sucia”- y porque la verdad, la justicia y la reparación no se diluyan con el paso de los años y porque la lucha de quienes hoy no están no se olvide y no sea en vano.

González Pérez destacó que la CNDH siempre ha estado del lado de la ley, de las víctimas y de las personas, y que su trabajo de mediación, conciliación, denuncias, exhortos y recomendaciones han sido posibles por la condición inmutable e indispensable para el funcionamiento del ombudsperson que es su autonomía plena e independencia de todo poder e interés.

“La autoridad que pretende vulnerar esta independencia y menoscabar nuestra autonomía vulnera los principios democráticos y siembra las semillas de un autoritarismo despótico que contraviene la esencia misma de nuestra Constitución y de los compromisos internacionales que el Estado mexicano ha asumido en favor de la dignidad humana”, aseguró.

Puso en relieve que México necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier precio ni de cualquier tipo, sino la propia de un Estado democrático de derecho, en que las instituciones civiles no estén subordinadas ni acotadas a mandos o estructuras militares, ni los derechos y el respeto de las personas estén condicionados a actuaciones autoritarias o discrecionales, y el respeto, aplicación de la ley, investigación y persecución de los delitos sean prioritarios. “Nuestro país, dijo, no puede permitirse renunciar a la institucionalidad civil y democrática”.

Expresó su convicción sobre la necesidad y conveniencia de ajustar las remuneraciones excesivas y las insuficientes bajo estándares internacionales y parámetros objetivos y fundados en la Constitución, que no vulneren derechos, precaricen y debiliten el servicio público, y que más allá de un discurso que polarice y divida asumiendo la virtud o vicios de una persona en razón del tipo de cargo que desempeña, se hable de méritos, capacidades y profesionalismo.

Respecto de la prisión preventiva oficiosa, señaló que la ampliación del catálogo de delitos recientemente aprobada no garantiza que el Ministerio Público cumpla con su obligación de investigar cada caso de manera objetiva, integral y eficiente, con lo que subsistiría el problema de que los imputados, siendo responsables, pudieran obtener su libertad al término del procedimiento penal como consecuencia de una investigación deficiente.

De ahí que garantizar la implementación y operación de las fiscalías autónomas, con recursos y capacidades pertinentes y suficientes, sea de fundamental importancia.