* Luis Raúl González Pérez dijo a sus homólogos que los ombudsman deben ser motores impulsores de un Gobierno Abierto
* Participó en el XX Congreso Anual de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, que se realiza en Montevideo, Uruguay

Montevideo, Uruguay, 11-nov-2015.- La lucha contra la corrupción y en favor de la transparencia es también un tema de derechos humanos, afirmó el ombudsman mexicano, Luis Raúl González Pérez, al destacar el interés de los países de la región iberoamericana y de los defensores públicos de derechos humanos porque las correspondientes instituciones del Estado gobiernen “a plena luz del día”.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en México llamó a los ombudsman a fortalecer sus compromisos con miras a promover la transparencia, luchar contra la corrupción, impulsar el empoderamiento de los ciudadanos y demandar a los gobiernos acciones responsables y eficaces.

“La vigilancia participativa del ombudsman y la ciudadanía puede contribuir a hacer que la información sea accesible y oportuna, aumentar la transparencia de los presupuestos públicos y garantizar el acceso a la manera en que los gobiernos están respetando y facilitando los derechos humanos. De ahí, otra vez, que somos nosotros motores impulsores de un Gobierno Abierto”.

Al participar hoy en el panel “Rol de las Defensorías del Pueblo y el acceso a la información pública”, en el marco del XX Congreso Anual de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), destacó que el “open data” no es una moda pasajera, sino la nueva e irrenunciable tendencia hacia una verdadera sociedad democrática, participativa e informada.

“Los datos abiertos –dijo- son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, y que se encuentran sujetos, cuando más, al requerimiento de atribución y de compartirse de la misma manera en que aparecen”.

González Pérez explicó que en nuestros países existen modelos diferentes para atender el derecho a la información y la transparencia, pues en algunos existen organismos públicos especializados en la materia, en otros no y en otros casos se trata de organizaciones civiles connotadas las que desarrollan esa función.

Ante sus pares de la región iberoamericana añadió que esto representa retos de carácter instrumental diferentes para los organismos públicos en la región, pese a lo cual tienen la tarea común de velar y contribuir al cumplimiento del derecho a la información. Apuntó que también deben impulsar la transparencia desde su ámbito de competencia, comenzando por sus propias oficinas y procedimientos, con pleno respeto al derecho a la protección de los datos personales.

“Los organismos públicos que formamos parte de la FIO debemos fortalecer nuestra capacidad para acopiar, sistematizar y procesar información de calidad que pueda dar cuenta del estado de los derechos humanos en nuestros respectivos países”, aseguró.

El ombudsman mexicano precisó que hacerlo bien es una forma de contribuir a que nuestras sociedades estén más alertas y sean más proactivas en la preservación de sus bienes jurídicos fundamentales, tarea que es favorecida por la Agenda sobre Desarrollo Sostenible.

González Pérez enfatizó que el acceso a la información pública es un reto que deben enfrentar los ombudsman, para el cual estarán debilitados si no cuentan con el poder ciudadano y la participación política.

“Hemos tenido que aprender que la democracia no es un régimen político que pueda prevalecer en el marco de sociedades cerradas, donde la información es entendida como un privilegio de élites y, por ello, como sinónimo o al menos premisa de su poder”, puntualizó.

Destacó que la información es necesaria para que la sociedad pueda ejercer control político sobre el Estado, por lo cual puede afirmarse que la accesibilidad de la información pública es una herramienta de inclusión social que, sin duda, empodera al ciudadano, pero también democratiza al Estado.

Refirió cómo esta tendencia internacional ha llegado a México por intervalos, desde el siglo XIX, así como las leyes y normas expedidas en la materia hasta lograr un nuevo marco normativo que ha dado lugar a la conformación de un sistema nacional de transparencia y acceso a la información pública, en el que las instituciones que lo conforman son más robustas, ya que tienen atribuciones ampliadas y fortalecidas.

“Promover el derecho a la información es abonar en favor de mejorar los servicios y los recursos públicos, promover la innovación y crear comunidades más seguras”, concluyó González Pérez.