Un relator de derechos humanos expone que los asentamientos son el motor de la ocupación más larga de la era moderna sin que la comunidad internacional haya actuado. Un nuevo enfoque basado en el derecho internacional es el único camino para poner fin de forma justa a esta ocupación perpetua, asegura.

El relator* especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967 ha pedido a la comunidad internacional que califique la creación de asentamientos israelíes como crimen de guerra en virtud del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Michael Lynk dijo que los asentamientos israelíes violan la prohibición absoluta de que una potencia ocupante traslade parte de su población civil a un territorio ocupado. La comunidad internacional calificó esta práctica de crimen de guerra cuando adoptó el Estatuto de Roma en 1998.

“Para Israel, los asentamientos sirven para dos propósitos relacionados. Uno es garantizar que el territorio ocupado permanezca bajo control israelí a perpetuidad. El segundo propósito es garantizar que nunca habrá un auténtico Estado palestino”, declaró Lynk ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

“Estas son exactamente las razones por las que la comunidad internacional acordó prohibir la práctica de la implantación de colonos cuando creó el Cuarto Convenio de Ginebra en 1949 y el Estatuto de Roma en 1998”, explica el relator.

La ocupación contemporánea más larga

También dijo que los asentamientos israelíes son “el motor de la ocupación israelí de 54 años, la más larga del mundo moderno”. En la actualidad hay cerca de 300 asentamientos en el Jerusalén Oriental ocupado y en Cisjordania, con más de 680.000 colonos israelíes.

Lynk afirmó que la ilegalidad de los asentamientos israelíes es una de las cuestiones más asentadas e incontestables del derecho internacional y la diplomacia modernos. Su ilegalidad ha sido confirmada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, el Comité Internacional de la Cruz Roja, las Altas Partes Contratantes del Cuarto Convenio de Ginebra y por muchas organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos.

“Es una trágica paradoja que, mientras que los asentamientos israelíes están claramente prohibidos por el derecho internacional, la comunidad internacional se ha mostrado notablemente reacia a hacer cumplir sus propias leyes”, dijo.

“En diciembre de 2016, el Consejo de Seguridad de la ONU reiteró su antigua exigencia en la Resolución 2334 de que Israel debe cesar inmediata y completamente todas las actividades de asentamiento. Sin embargo, desde principios de 2017, el coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio ha informado al Consejo de Seguridad en 18 ocasiones consecutivas de que Israel no ha tomado ninguna medida para cumplir con sus obligaciones en virtud de la Resolución 2334”, expuso.