Entrelíneas
Miguel Ángel Schultz
Sin miramiento alguno, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó la energía eléctrica a los pozos que alimentan de agua potable a unas 30 mil personas de Santa Lucía del Camino, municipio conurbado a la capital del estado de Oaxaca.
Hay que recordar a los funcionarios de la CFE en Oaxaca, que México desde febrero de 2012 es parte de los países, que a nivel mundial, incluyen dentro de su Constitución el derecho humano al agua.
La paraestatal sustenta su acción en el adeudo que tiene por el servicio prestado a la administración municipal por la cantidad de 3.9 millones de pesos, que encabeza el irresponsable presidente municipal, Galdino Huerta, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) -que por cierto es originario de Tehuantepec y no de Santa Lucía del Camino- que resultó igual o peor edil que su antecesor Pedro Cabañas, del PAN-PRD.
Difícil es pensar que la CFE no pudo realizar otra medida de presión, que cortar el suministro de agua potable, para que le sea cubierto el adeudo, por lo visto buscó infligir el mayor castigo posible a la población, para que a su vez las autoridades municipales se vieran obligas a cubrir el adeudo lo antes posible, objetivo que alcanzó la paraestatal, ya que en respuesta al corte fueron retenidos funcionarios municipales y realizado un bloqueo de la carretera que cruza esa demarcación.
La CFE resultó estricta para el cobro de los adeudos de los usuarios, más en este caso, que deja sin agua potable a miles de personas. Esta rigidez con la legalidad, no la mostró para pagarle una indemnización a su ex director general Enrique Ochoa Reza, ahora líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en menos de 24 horas, luego de su renuncia voluntaria, le entregó la cantidad de dos millones 200 mil pesos, a los que no tenía derecho, ya que la cantidad que le correspondía era de 231 mil pesos, de acuerdo con el Manual de Trabajo de la CFE.
Según conocedores del derecho laboral, Ochoa Reza hizo un cobro indebido ya que no fue despedido, si no que renunció voluntariamente, luego de dirigir la CFE por dos años cinco meses.
Además en el país nadie que renuncie voluntariamente, obtiene una indemnización. Por cierto, la última medida anunciada por el ahora flamante dirigente del PRI, fue la de anunciar, el primer domingo de julio pasado el incremento de las tarifas eléctricas.
Es obligado señalar que la CFE no informa la cantidad que cobra por el servicio que ofrece a las “cableras”, que utilizan la red de distribución pública, los postes, que incluso estos acortan su vida útil al doblarse por el sobrepeso de los cables de más que cargan; cuya reparación corre a cargo de los usuarios. Menos da información de cuánto les cobra a las empresas privadas que utilizar la red eléctrica, para que transporten la energía que venden.
Menos da a conocer la CFE cuánto recauda por el impuesto del Derecho al Alumbrado Público (DAP), que cobra a los usuarios, que va de un 5 a un 10 por ciento del consumo, indebidamente ya que este cobro ha sido declarado invalido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El DAP es inconstitucional porque viola competencias federales. Esto significa que sólo la Federación, así lo dispone expresamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puede establecer contribuciones al consumo de energía eléctrica.
Tampoco da información del monto que descuenta por las luminarias fundidas, ya que asegura que ese no es su problema, sino que es asunto de los municipios que deben tener las luminarias en buen funcionamiento y entonces, ¿porque cobra el DAP?.
En Oaxaca, el gerente Divisional de Distribución Sureste, Luis Antonio Ledesma Ordaz, cuyo salario mensual es de 130 mil 626.32 pesos, seguramente no padece por pagar el servicio de energía eléctrica ni el DAP, aunque es un decir, porque hasta donde sé los funcionarios de la CFE, reciben la energía eléctrica de sus hogares como una prestación a sus cargos y si estoy, en un error espero la aclaración pertinente.
El impacto provocado por esta medida arbitraria, no por el cobro en sí, sino por la mala intención de dejar sin agua potable a esos 30 mil ciudadanos, ha sido descomunal, debido al bloqueo que se vino como respuesta a la acción de la paraestatal, misma que permanecía, al momento de escribir estas líneas.
Para desdicha de los habitantes de Santa Lucia del Camino, acudieron a Ciudad Administrativa para solicitar la intervención del Gobierno del Cambio, siendo atendidos por el director de la Coordinación de la Zona Sur y el coordinador regional de Valles Centrales, Rodolfo Quintero de Pablo y Alejandro Tejada Morales, respectivamente, de la Secretaría General de Gobierno, que lo único que les pudieron decir es que el munícipe tiene que pagar sus adeudos.
También habrá que hacer notar que en Santa Lucía del Camino, estuvo operando el equipo de Futbol Alebrijes, cuyos empresarios bien podrían hacer una aportación significativa para el uso de ese espacio, a cargo de la Secretaría de Administración, cuyo titular Alberto Vargas Varela, suponemos que cobró por lo menos un peso por el uso de ese estadio para un negocio privado ¿O qué fue de gorra?.
@MiguelAschulz
