* Senadores del PRD, PVEM y PAN reconocen que terminar con la impunidad es un gran reto
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México, DF., 21-jul-2015.- México es uno de los cinco países con los índices más altos de impunidad, seguido por Filipinas y precedido por Colombia y la Federación de Rusia, resaltó Antonio Le Clercq Ortega, de la Universidad de las Américas Puebla, al presentar el Índice Global de Impunidad (IGI), ante los integrantes de la Segunda Comisión de la Permanente.

El presidente de esta Comisión, senador Armando Ríos Piter, precisó que la impunidad es uno de los más grandes retos de México, por lo que el IGI representa una herramienta valiosa ante la condición actual del país, pues ante hechos como la fuga de “El Chapo” es necesario realizar cambios en el sistema de procuración, de impartición de justicia, de policías y del sistema penitenciario.

Por su parte, el senador Juan Carlos Romero Hicks, del Partido Acción Nacional, expresó que el documento es una alianza entre sociedad y gobierno, testimonio además de una universidad que apuesta a un mejor futuro y que brinda elementos de información para conocer la realidad y corregirla.

En su oportunidad, Antonio Le Clercq indicó que el objetivo del IGI es medir el alcance de la impunidad en forma comparada. La impunidad, argumentó, es un fenómeno que corre en paralelo a la inseguridad, violencia y corrupción que los retroalimenta y multiplica en sus consecuencias para una sociedad.

El IGI analiza la información de los 193 estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros 14 territorios que generan información estadística comparable. De estos, sólo 59 países fueron comparados por contar con información estadística suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y derechos humanos, subrayó.

El académico enfatizó que México tiene dos dimensiones prioritarias que debe atender: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.

A nivel mundial, dijo, los países de Europa del este mostraron menores índices de corrupción, Croacia en primer lugar. Además, se resolvió que el Producto Interno Bruto de los países estudiados no revela una correlación entre el tamaño de la economía y la impunidad.

En el caso de América Latina, el estudio arrojó que México, Colombia, Nicaragua, Honduras y El Salvador son los países de esta región en los peores niveles, donde la correlación con la corrupción es directa.

Andrea Ambrogi Domínguez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, precisó que para el caso de México, el objetivo de este Índice es generar políticas públicas resultado de las debilidades del sistema de seguridad y justicia.

Puntualizó que en México hay cuatro jueces por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio según el estudio es de 17 por cada 100 mil habitantes, “estamos lejos de un escenario ideal”. Los países con menor impunidad tienen más de 45 jueces por cada 100 mil habitantes, por lo que advirtió la necesidad de tomar en cuenta el nuevo sistema de justicia penal.

Otra de las conclusiones es que México no necesita más policías, “estamos por arriba de la media internacional”. De lo que se trata, argumentó, es contar con elementos mejor capacitados y con mejores sueldos, además de que la propuesta es eliminar los horarios de 24 horas en la policía, pues esto los vuelve ineficientes.

Señaló que la media de los 59 países arroja que hay 332 policías por cada 100 mil habitantes, mientras que en México hay 355. La gran mayoría de las legislaciones del mundo tiene regulación respecto al horario de los policías, pero México no tiene una sola palabra al respecto, subrayó.

También se encontraron deficiencias en el sistema penitenciario, en donde resalta que 46 por ciento de presos no tienen sentencia, explicó. En el caso de la fuga de “El Chapo”, se debe tener en cuenta que hubo intimidación y amenazas para que se pudiera dar la cadena que abonó al escape.

Es importante que el sistema penitenciario del país mantenga en reserva la identidad de las personas que realizan el monitoreo de los delincuentes y sacar el monitoreo de las cárceles; así como es necesario que se cumpla la ley en el sentido de que los bloqueadores de señal se manejen de manera remota del penal y por personal ajeno al mismo.

La medición de derechos humanos se realizó según los datos del Observatorio Internacional de Cingranelli y Richards (CIRI) que califica de cero a cien, en donde se encontró que en cuanto a la tortura México tiene cero, es decir, la peor calificación posible.

En ejecuciones extrajudiciales nuestro país se ubica en el rango de 50, cuando la media internacional es 75; en justicia para encarcelados políticos está a la mitad, en 50, donde media internacional es 80 y en el caso de desaparecidos, México obtiene cero.

Los senadores Gerardo Flores Ramírez, del Partido Verde Ecologista de México, y Fernando Yunes Márquez, del PAN, señalaron que el IGI es una herramienta para conocer en dónde está México y, cuyos resultados que deben preocupar a todos, pues se tiene un gran desafío en el futuro.

La diputada Esther Quintana Salinas, del PAN, reconoció que hay serios problemas de impunidad y corrupción. Resaltó la importantica de la capacitación de la policía y de otorgarles un buen sueldo.

Por su parte, el diputado Juan Pablo Adame Alemán, del PAN, dijo que las observaciones que se hacen al calce del Índice se quedan cortas para lo que experimentaron al momento de realizarlo, y en este sentido cuestionó qué se necesita hacer para solucionar la impunidad en el país.

En tanto, el diputado del PRI, José Alejandro Montano Guzmán, coincidió en que seguridad no significa ver policías por todos lados, sino que el ciudadano se sienta seguro desde que sale de su casa, esa es la responsabilidad más importante de la autoridad, saber cómo implementarla, colocarla y sobre todo las áreas de seguridad realicen su trabajo de prevención.

El diputado Filiberto Guevara González, del PRI, expresó que como presidente municipal, a pesar de realizar un buen trabajo, la corrupción de jueces y ministerios públicos permitía la libertad de los delincuentes, cuestión que lleva a que los ciudadanos no denuncien los delitos que sufren, y aumente la impunidad.