Miguel Ángel Schultz

La Ley de Seguridad Interior, recientemente aprobada y en espera de su publicación, se sustenta en parte, que los militares, por el hecho de serlo y ahora dentro de un marco jurídico que les permite la libertad en sus operativos, van a terminar con la llamada delincuencia organizada y restablecer el Estado de Derecho en el país, lo que resulta un mito y por lo tanto una mentira.

Lo vemos con claridad en Oaxaca, donde pese a estar al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) un elemento de la Marina Armada de México, José Raymundo Tuñón Jáuregui, en vez de disminuir los hechos delictivos en la entidad, van en vertiginoso acenso, a la par que crece la violación de los Derechos Humanos.

De acuerdo con datos dados a conocer por diversos organismos de seguridad, e incluso así lo reconoce el fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, en el informe de sus Primeros Cien Días, consigna que en Oaxaca en los últimos cuatro años aumentó 79 por ciento la tasa de homicidios dolosos.

En tanto, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que de enero a junio del presente año, en Oaxaca hay una incidencia delictiva de dos mil 457 hechos, ocupando el municipio de Oaxaca de Juárez uno de los principales lugares, donde incluso se han registrado linchamientos.

Si bien es cierto que la seguridad es responsabilidad de diversos cuerpos policiacos y autoridades, que empiezan por las municipales, corresponde a la SSPO la más importante tarea de velar por la seguridad de la sociedad oaxaqueña.

Sin embargo, ello dista que así sea, ya que incluso elementos de la SSPO se han visto vinculados en hechos delictivos graves, como ocurrió con el asalto al rancho La Engorda, ocurrido en octubre pasado, donde 15 elementos de la Policía Estatal a bordo de tres patrullas, tomaron prácticamente por asalto el rancho ubicado en Loma Bonita y lo saquearon. Trascendió que dichos agentes habrían pertenecido a la Marina Armada de México.

Asimismo, se sabe que habitantes del municipio de Tuxtepec, hicieron del conocimiento de Tuñón Jáuregui, que policías estatales cometían robos y asaltos, pero éste en vez de iniciar una investigación pidió pruebas de lo dicho, cuando todos sabemos que por las constantes ejecuciones en la región de la Cuenca del Papaloapan, “la muerte tiene permiso”, por la ola de ejecuciones y delitos que ahí se cometen.

Por lo tanto, es necesario decir que La Ley de Seguridad Interior, considerada como un riesgo para la democracia del país por académicos del Derecho; organizaciones defensoras de los derechos humanos, nacionales e internacionales y organismos internacionales, de ningún modo garantizará que se frenen los hechos delictivos al estar en manos de militares la seguridad. Oaxaca es ejemplo de ello, ya que incluso Tuñón Jáuregui, quien tiene 30 años de experiencia, fue agregado militar en Estados Unidos.

Además, es experto en esquemas de seguridad personal, logística de traslados, diseño y supervisión del entrenamiento del equipo de seguridad, planeamiento, coordinación y verificación de la seguridad electrónica y de comunicaciones, pero aquí nada de ello le ha sido útil para contener a la delincuencia y la ola de sangre que empieza a cubrir a Oaxaca.