Entrelíneas
Mineras dejan saqueo, contaminación y muerte, el caso de San José del Progreso
Miguel Ángel Schultz
Con la ejecución de Alberto Mauro Sánchez, ex presidente municipal de San José del Progreso, ocurrida el martes pasado en el municipio de Ocotlán de Morelos, a plena luz del día y ante la vista de varias personas, se evidencia una vez más que la industria minera trae consigo, no sólo la contaminación de la tierra, sino también la descomposición del tejido social en los territorios donde se asienta.
Con este crimen suman seis los ocurridos desde que inició -en el año 2006- el aprovechamiento de los recursos minerales en ese municipio de indígenas zapotecos del Valle Central de Oaxaca. Ante ello, las autoridades de justicia tienen la obligación de aclarar el asesinato y dar con el o los responsables, así como de los cometidos con anterioridad.
No se puede caer en la simpleza o estupidez de creer que por el hecho de que Mauro Sánchez, quien como autoridad municipal (2010-2013) respaldó a la minera Cuzcatlán, filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, los que se oponen son los culpables. Al oído se cuenta que existen grabaciones de conversaciones, donde autoridades del más alto nivel del estado demandan a representantes de la empresa minera les entreguen medio millón de dólares, que hacen falta por los respaldos otorgados.
Esos dichos hablan de lo enrarecido que está el ambiente de la explotación de los recursos minerales en la entidad, por lo que atrás de esta ejecución puede haber demasiados intereses, que se pretenden silenciar, tal vez, con la muerte del ex munícipe.
Desde el año 2006 un importante sector de habitantes de San José del Progreso se opuso a la explotación de minerales en su demarcación, por la gran contaminación y daño que provoca la industria minera a la naturaleza, por lo que se agruparon en la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (Copuvo), organización a la que a lo largo de este tiempo le han sido asesinados varios de sus integrantes, entre estos Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez, en el año 2012 y otro más; de cuyas muertes se responsabilizó al edil sacrificado.
Quienes se oponen a la explotación de sus minerales afirman que las empresas violan sus derechos de pueblo originario; además el de la vida; el de consentimiento libre, previo e informado; información pública y la propiedad colectiva del territorio. Hay que recordar que más del 90 por ciento del territorio estatal es de propiedad social, es decir, es de los pueblos originarios, de ejidos y colonias agrarias, por lo que para su aprovechamiento existe un marco legal que hay que respetar, pero por desgracia hay inversionistas que buscan la mayor ganancia y el saqueo de las riquezas naturales de los pueblos.
También, hay que saber que para obtener un kilogramo de oro se deben emplear 380 mil litros de agua; se requiere de cuatro toneladas de roca por 1 gramo de oro; y se necesitan 849 kilogramos de cianuro de sodio.
El saqueo de la riqueza del país no es un invento. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó en marzo del año pasado, que la producción minera de México sumó un billón 234 mil 37 millones de pesos, que da un promedio anual de 205 mil 673 millones de pesos que contrasta con el pago de derechos, de las empresas mineras por sólo mil 183 millones de pesos por año hecho.
El saqueo de los minerales del país es incuantificable y en tiempos de la colonia, los españoles, por lo menos daban espejitos, pero estos ni eso dan, sino dejan tras de sí una estela de muerte, destrucción de la naturaleza y a pueblos confrontados. Si no observemos lo que está pasando en San José del Progreso.
@MiguelAschulz
