México, DF.- El diputado federal, Javier Corral Jurado, señaló que es necesario que el Poder Legislativo acote la participación de las fuerzas armadas en actividades de auxilio a las autoridades civiles, durante su participación en el Seminario “Las reformas a la ley de seguridad nacional. Análisis socio-jurídico de las propuestas”.
En el evento organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), agregó que uno de los temas más polémicos de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional que se discuten es el procedimiento por el que el Presidente de la República pueda emitir la declaratoria de afectación a la seguridad interior.
El presidente de la Comisión de Gobernación participó en la mesa “La ley de seguridad nacional y sus reformas: ¿un cambio de régimen?”, y ante este cuestionamiento planteado señaló que el cambio de régimen depende del tipo de documento que se apruebe en el Congreso.
Indicó que hay cuatro documentos principales que versan sobre las reformas que se discuten: la iniciativa que presentó el Presidente de la República en 2009, la minuta aprobada por el Senado en 2010, el proyecto de dictamen presentado por la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados y el documento presentado por el Grupo Parlamentario del PRI en la misma Cámara Baja.
El legislador chihuahuense mencionó que el documento presentado por la Comisión de Gobernación retomó casi en su integralidad la minuta del Senado de la República, misma que dijo, logra un equilibrio entre la seguridad y el respeto de los derechos humanos.
Corral Jurado señaló que el proyecto de la Comisión de Gobernación además integró la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Radilla donde señaló que las fuerzas armadas en casos de violaciones a los derechos humanos que realicen actividades de seguridad interior deben ser juzgados en los tribunales civiles.
Sin embargo, indicó Corral que el documento del PRI plantea dotar de mayores facultades a las fuerzas armadas con lo cual se genera que esta institución esté por encima de las fuerzas policiacas, y con ello se trastoque diversas disposiciones constitucionales y el mismo régimen constitucional mexicano que se basa en dos grandes pilares: la división de poderes y en el régimen de libertades individuales.
Además, señaló que la facultad del Presidente de la República de utilizar las fuerzas armadas para garantizar la seguridad interior debe ser reglamentada no solo por lo que señala el artículo 29 y 129 de la Constitución, sino también a la luz del artículo 119 de la misma Carta Magna.
Finalmente mencionó que es importante no caer en el dilema entre seguridad y derechos humanos, pues la seguridad es parte de las mismas garantías individuales. Dijo que cualquier acotamiento de la facultad presidencial de utilizar a las fuerzas armadas para garantizar la seguridad interior es una ganancia para los derechos humanos.
También intervinieron en la mesa organizada por la UNAM el senador del PRI, Jesús Murillo Karam; la diputada del PRD, Teresa Incháustegui Romero, así como los académicos e investigadores de la UNAM, Sergio García Ramírez, Mónica González y Pedro Salazar.
