* Inauguran en el Senado foro virtual “Hacia un ciberespacio más seguro para México”

Ciudad de México.- En la inauguración del foro virtual “Hacia un ciberespacio más seguro para México”, senadores y especialistas coincidieron en que se debe contar con un marco legal que garantice la seguridad en Internet, a fin de proteger a usuarios, empresas y la soberanía de los países.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la ciberseguridad no sólo es necesaria para la seguridad nacional, sino que también es un factor para el desarrollo social y económico.

El incremento de los ataques cibernéticos es indicativo de que se requiere un modelo de gobernanza de la ciberseguridad que responda a las nuevas exigencias, así como un marco jurídico sólido y moderno; y en este sentido, los parlamentos desempeñan un papel central, ya que de ellos emanan las propuestas para crear un modelo adaptado a las nuevas realidades de la era digital, advirtió.

Aseguró que México necesita comprometerse con sus socios internacionales para combinar recursos, iniciativas de múltiples partes interesadas y facilitar el intercambio de información para garantizar la seguridad en el ciberespacio y aprender de las mejores prácticas.

El impacto de la ciberdelincuencia se estima en ocho trillones de dólares tan sólo en lo que va del 2022, y se estima que llegue a 10 trillones de dólares para 2025. En el caso de América Latina y el Caribe, en 2021 sufrió más de 289 mil intentos de ciberataques, lo que representa un aumento del 600 por ciento con respecto al 2020, destacó.

“México, en particular, sigue siendo relativamente vulnerable en ciberseguridad y defensa cibernética. Es el primer país de América Latina por número de ciberataques. En 2021, el país sufrió 156 mil millones de amenazas, más de la mitad del total de la región”, advirtió.

Agregó que los costos de la ciberdelincuencia y el fraude cibernético para la economía mexicana asciende a ocho mil millones de dólares anuales; y que sólo en este año, el Senado ha registrado 300 mil intentos para “afectar y hackear nuestras cuentas y nuestras fuentes”.

Monreal Ávila destacó que el objetivo de este foro virtual es destacar la importancia de la ciberseguridad para México y la necesidad de legislar en la materia. “Para ello, analizaremos las principales tendencias a nivel internacional e identificaremos los desafíos y oportunidades en la creación de un ciberespacio más seguro”.

Por ello, enfatizó, es relevante hablar de cuál es la responsabilidad de los legisladores para avanzar en este sentido, así como de la importancia del Convenio de Budapest y de sus protocolos adicionales.

También destacó la importancia de conocer otras experiencias y perspectivas para el diseño de una Ley en la materia, y estas pueden servir de referencia para México, como son los casos de Estados Unidos, Reino Unido e Israel, que cuentan con ecosistemas sólidos, reconocidos a nivel global y ambos países tienen un órgano centralizado a cargo de la ciberseguridad.

Jorge Carlos Ramírez Marín, senador presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, indicó que espera que “en el transcurso del presente año, antes de que termine el Periodo Ordinario de Sesiones, el Senado de la República cuente con un proyecto de Ley Federal de Ciberseguridad”.

Dijo que uno de los temas relevantes en esta materia es la forma en “como se debe tipificar un delito que no es cometido estrictamente en un ámbito territorial, que no es cometido por un ciudadano sometido en un régimen jurídico positivo en un espacio específico”.

El legislador del PRI consideró preciso establecer formas colaborativas para encontrar soluciones con todas las organizaciones y buscar la participación de la población; primero alertando sobre la necesidad de la prevención, pero también, para que toda disposición que resulte esté acorde con los protocolos de Internet, que reflejan el pensar y sentir de los usuarios.

Beatriz Paredes Rangel, senadora del PRI, planteó la necesidad de consolidar el marco legal en esta materia y contar con un catálogo de delitos en materia de ciberseguridad, que tipifique y precise las penalidades; además de definir facultades, derechos, responsabilidades y obligaciones de los sectores sociales públicos y privados que inciden en los procesos de ciberseguridad.

Consideró indispensable que las y los usuarios de los sistemas informáticos y cibernéticos, adquieran una cultura de prevención de este delito. “Invertir en la seguridad del Estado mexicano pareciera ineludible y no vemos que esto se refleje en el proyecto de presupuesto de 2023”.

Ariel Nowersztern, especialista en ciberseguridad de BID, sugirió que las políticas públicas deben contener estrategias sobre ciberseguridad y cibercrimen, basados en datos y estudios que identifiquen donde están los problemas; además deben tener una capacidad operativa ante emergencias cibernéticas.

Agregó que los esfuerzos se deben extender a la sociedad, atender la brecha de profesionales, fomentar la cooperación nacional e internacional, el intercambio de amenazas para aprender de las experiencias y el trabajo miembros clave como proveedores de Internet y empresas.