México, DF.- La senadora por el PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, afirmó que resulta irónico que el Ejecutivo Federal haya presentado ante el Senado de la República una iniciativa preferente de Ley general para la protección de niñas, niños y adolescentes, y dos semanas después esa misma administración sea la responsable de tratar de manera inadecuada a quienes pretenden proteger desde la ley.

Uno de los sectores que mayor protección necesita, tanto en materia legislativa como institucional, es el de los menores de edad, por lo que son condenables las imágenes que circularon a través de las redes sociales el pasado 15 de septiembre, en las cuales se observan las revisiones físicas que se realizaron a niños y niñas, incluso a bebés para ingresar a la plancha del Zócalo en el marco de la ceremonia del Grito de Independencia, advirtió.

Barrales Magdaleno detalló que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en México viven alrededor de 32 millones 515 mil 796 niñas y niños de 0 a 14 años, lo que representa cerca de la tercera parte de la población.

Tan sólo en el Distrito Federal la población infantil suma dos de los casi nueve millones de capitalinas y capitalinos, de manera que los esfuerzos para brindarles plenas garantías para el ejercicio y protección de sus derechos debe ser una prioridad compartida tanto por el Gobierno como por el Legislativo, apuntó.

Desde el Senado de la República, dijo, en el marco del análisis de esta ley preferente, debemos dar garantías para que actos como los del 15 de septiembre no vuelvan a suceder bajo ninguna circunstancia. No podemos justificar la transgresión a la integridad física de los menores de edad ni la violación de sus derechos fundamentales en aras de garantizar la seguridad pública.

El plazo para aprobar la iniciativa del Ejecutivo vence a finales de septiembre. En ese proceso, se integrarán las opiniones de organismos y expertos en la protección y defensa de los menores de edad e impulsarán acciones legislativas necesarias para garantizarles plenamente sus derechos fundamentales.

La legisladora perredista señaló que las niñas, niños y jóvenes, como nunca antes en la historia de nuestro país, enfrentan un difícil panorama en donde la falta de educación y oportunidades son una constante a lo largo de su desarrollo. El respeto a sus derechos debe ser una de las principales tareas de la administración pública, y en particular, de aquellas áreas encargadas de garantizar la seguridad.

La legisladora puntualizó que estarán atentos del resultado de las investigaciones que realiza actualmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Es necesario que se dé a conocer si se respetaron los protocolos de seguridad que se establecieron para el operativo del 15 de septiembre, y si la revisión a los menores de edad era parte de estos.

Esperamos, añadió, que se determine la responsabilidad, de ser el caso, de quienes hayan ordenado estas inspecciones a los menores de edad y que la autoridad judicial, de ser procedente, finque las sanciones que sean necesarias.