Miguel Ángel Schultz

El sainete del incremento del pasaje del transporte urbano aplicado unilateralmente por los dueños de los camiones y el gobierno del estado que preside Gabino Cué, llego este miércoles a un final feliz, donde se dieron la mano y no hubo ningún problema, borrón y cuenta nueva, felicidad que no comparte el pueblo de Oaxaca, que el lunes seis de abril vivió una de sus afrentas más graves cometidas por quienes son los dueños, no de los automotores, sino del servicio de acarrear a las personas que requieren de la movilidad para hacer su vida.

Ayer miércoles sostuvieron un encuentro los representantes de la cinco familias que controlan el transporte urbano y el gobernador, quienes acordaron que no habrá aumento, por lo pronto, que se pondrá en marcha un programa de mejora, como lo marca Ley Estatal de Transporte y su reglamento. Lo que hace ver que el ajuste, que no incremento, de seis a siete pesos, si bien nos va, se hará en el futuro, sin precisas fecha, como dijo el gobernador “no hay prisa”. Tal vez esto ocurra pasadas las elecciones del próximo siete de junio.

La situación generada por el albazo en el alza del pasaje del transporte urbano obliga a revisar la actuación de Carlos Moreno Alcántara, como titular de la del Gobierno del estado de Oaxaca, ya que se ha dedicado a crear situaciones que derivaron en graves enfrentamientos, no sólo de entre los intereses económicos de quienes integran este sector productivo, sino que llevó a la sociedad a reprobar al  gobierno que preside Gabino Cué.

El expresidente del Partido Acción Nacional en Oaxaca lo consiguió a pulso y en menos de medio año de su designación, como secretario de esa dependencia de la que se hizo cargo apenas el primero de diciembre pasado.

Es decir que a Moreno Alcántara sólo le bastaron cuatro meses para desatar un conflicto con los transportistas, de tales dimensiones que provocó el colapso de la capital del estado, que fue literalmente estrangulada, por el cierre de calles y cruceros que hicieron los concesionarios del transporte urbano en la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados.

Es de todos conocido que estos empresarios reciben de cada chofer, que trabaja para ellos una cuota o “cuenta”, como se le dice elegantemente al dinero que les tienen que pagar, a cada dueño de camión y que va de los mil 400 pesos a los dos mil, dependiendo de la ruta que trabaje el asalariado, así como del estado físico y mecánico de la unidad. Es decir que por cada camión estos “inversionistas” ganan entre 40 mil pesos hasta 60 mil pesos al mes.

También es necesario decir que los choferes, que trabajan para estos empresarios están obligados a cubrir el combustible de sus unidades, así como las “talachas”, es decir que el costo de las reparaciones ponchaduras de las llantas y una que otra falla mecánica menor corre a cuenta del conductor.

Ello representa que cada dueño de concesión gana libre de polvo y paja la “cuenta”, dinero que   les arrancan a los choferes de los camiones, de ahí que éstos anden como locos peleándose el pasaje y algunos consumiendo drogas, para aguantar jornadas de hasta 15 horas, sin contar con ninguna prestación laboral  y mucho tener una vida familiar como el común de las personas, que les diera por lo menos una estabilidad emocional, para que no anden atropellando peatones y arrollando motociclistas, ciclistas y automóviles.

De acuerdo a datos oficiales de la SEVITRA en la ciudad de Oaxaca existe un parque de camiones del transporte público conformado por 911 autobuses, que diariamente cubren 145 mil kilómetros, en 78 rutas, utilizan el servicio del transporte 400 mil personas. De estos 911 camiones 480 son modelos que van del año1991 al  2004, es decir que están fuera de norma porque ya cumplieron con su vida útil. También hay que señalar que muchos de estos camiones fueron comprados de desecho en los Estados Unidos o en otras entidades del país. Aquí la pregunta que cabe hacer es: ¿Porque tanta tolerancia del gobierno del estado como este sector empresarial?

Asimismo son cinco las familias la dueñas de la mayoría de estos automotores: Familias Martínez y Medina, propietarios de la empresa Transportes Urbanos y Suburbanos Guelatao (Tusug), tiene 307 autobuses.  Familia Villanueva, dueña de la empresa Servicios de Transportación Exprés Antequera (Sertexa), con 96 autobuses. En tanto que las familias Candiani y Gómez vienen a ser las mayoritarias propietarias de: Choferes del Sur, y Transporte Urbanos de la Ciudad de Oaxaca, S.A de C.V.

Es decir que cinco familias les desgraciaron el día a unas 600 mil personas, que son los habitantes de la ciudad de Oaxaca y área conurbado, el pasado 6 de abril;  con lo que demostraron su poder y la debilidad del gobierno de Gabino Cué, para contener los apetitos desbordados de estos empresarios. En donde los representantes de estás cinco familias: Aurora López Acevedo, Erasmo Medida Ángeles, Alejandra Gómez Candiani y Rubén Villanueva Ramírez mostraron el poder que representan.

Asimismo esta crisis desnudaron a los grupos estudiantiles y organizaciones populares que empezaron a movilizarse en cuanto el secretario de SEVITRA, Carlos Moreno Alcántara, en su torpeza anunció el 27 de enero pasado, que habría un incremento en las tarifas del pasaje  y además vaticinó que éste sería en los meses de marzo y principios de abril, pero equivocó la jugada.

Aunque como es servidor público de lenguaje claro y concreto, dice, cuando se dio cuenta había jugado al aprendiz de brujo, es decir que desató a los demonios y luego no pudo amarrarlos se desdijo desde el 28 de febrero, de lo que sí dijo y le echó la culpa de la rebelión de los transportistas al ex gobernador José Murat, porque éste si huele azufre.

Sin embargo, en algo tienen razón los empresarios, las constantes toma de unidades por los diversos grupos sociales, principalmente de estudiantes de la Normal y de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca  (UABJO), les ocasionan severas perdidas que no son resarcidas por el gobierno del estado, que tiene como una de sus principales tareas de garantizar el Estado de Derecho para que la sociedad puede trabajar y ser productiva.

Asimismo los empresarios no están dementes para de la nada decir que si había acuerdo con el gobierno del estado representado por Carlos Moreno Alcántara titular de la Sevitra, para incrementar las tarifas del transporte urbano. Tan había algún tipo de acuerdo que las autoridades no se atrevieron a por lo menos quitarles las placas a los camiones que obstruyeron las vialidades a lo largo de siete horas en por los menos 30 puntos de la ciudad. Como tampoco el gobierno se atrevió a multarlos o cancelar una concesión o detener a los carros irregulares que conforman ese parque vehicular de 911 unidades.

Al mismo tiempo que uno se pregunta, ¿ por qué en este tema de las tarifas el titular de SEVITRA, Carlos Moreno Alcántara, no llevó el asunto de tan vital importancia al Consejo Estatal de Transporte Público y Vialidad dónde deben estar representados los poderes ejecutivo y legislativo del Gobierno del Estado y  los representantes de los Consejos Municipales y Regionales, concesionarios, académicos y especialistas. Cómo la marca la Ley?

¿Porque no dedicó todo su empeño Carlos Moreno Alcántara, desde que llegó a la SVITRA a formular una propuesta de reglamento que regule la Ley del Transporte, será que simple y llanamente quería arribar a esta crisis con las manos sueltas para ver que negociaba desde su propia individualidad?

Los empresarios del transporte son un sector que obtiene jugos ganancias, sector que está en la total irregularidad legal lo que hace suponer que sólo puede operar aceitando esa maquinaria podrida del transporte con el aceite y el elixir del dinero.

Asimismo hay que decir que Carlos Moreno Alcántara como Subsecretario de Fortalecimiento Municipal dejó tras de sí una estela de conflictos municipales como el de Atzompa, en donde en franco desacato del Tribunal Federal hizo que le entregaran 33 millones de pesos a personas que no eran las autoridades de acuerdo a la Controversia Constitucional 33/2014 en la que se mandata la entrega de los recursos federales por el orden de 33 millones de pesos, lo que tuvo que hacer el gobierno del estado.

Si así hizo con un municipio pequeño, con un presupuesto insignificante como el de Atzompa hay que pensar cómo puede actuar este funcionario en un negocio, donde un insignificante peso representa al año 122 millones de pesos. La lista de los conflictos municipales arreglados durante los dos años que estuvo al frente del área encargados de los conflictos municipales es larga.

Los empresarios cuando desataron su ira contra los ciudadanos dijeron una frase cargada de simbolismo, “el que lo anuncia no traiciona”, con razón tuvo que ser el propio gobernador Gabino Cué quien tuvo que salir a decir el primero de abril que el aumento no estaba autorizado, lo que representa en el argot de la política gubernamental un manotazo en la mesa y un deslinde de la decisiones que tomó Carlos Moreno Alcántara, que por el bien del transporte público y la movilidad de los y las oaxaqueñas, debe de ser removido de la SEVITRA y ocho días después un final feliz, aquí no pasó nada menos para el sufrido pueblo de Oaxaca, que para junio le espera el incremento en el precio del pasaje.