El secretario de Seguridad Publica Federal, Genaro García Luna, durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad Pública de la LXI legislatura Federal, negó haber tenido una entrevista con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, llamado “El jefe de jefes”.
“Es mentira, como tantas que han creado para generar una perspectiva mediática; es mentira, así, puntual mentira. Todo el trabajo de inteligencia hecho por el gobierno Federal, inclusive a la operación (donde murió) de Arturo Beltrán en gran medida participó Seguridad Pública Federal”, subrayó el funcionario.
Ante el cuestionamiento del diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) en el sentido de que si se había entrevistó con el mafioso Arturo Beltrán.
El secretario de Seguridad Pública, compareció ante la Cámara de Federal de Diputados con motivo de la glosa del IV informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón.
Expresó que se podría potenciar la parte criminal si no se combate el delito, por lo que la violencia se debe combatir en diferentes frentes y perspectivas, y que México requiere de instituciones de calidad, eficientes y un trabajo sistemático en las áreas de educación, desarrollo social, salud, empleo, y en el de seguridad.
La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado del PRI reconoció que hay un interés del Gobierno federal para atender la demanda ciudadana de mayor seguridad.
Sin embargo, “no compartimos su visión dogmática que se representa en la autocatalogada guerra contra el narcotráfico, ya que los resultados más que cuantitativos, cualitativamente arrojan un incremento de la violencia y del número de las personas que desafortunadamente pierden la vida”.
“El PRI no comparte la idea de que para impedir que las drogas lleguen a los jóvenes se debe mantener una lucha armada en las calles que violente los derechos fundamentales de los ciudadanos, por el contrario, entendemos que se deben proporcionar opciones de desarrollo que impidan que los jóvenes ingresen al mundo de la delincuencia organizada”.
“Consideramos que la actual estrategia ha fracaso rotundamente, porque está basada en la reacción policiaca militar y fundamentalmente en evitar el trasiego de drogas a Estados Unidos, no a combatir el crecimiento inusitado del mercado interno de drogas”.
En tanto el diputado Bonifacio Herrera Rivera del PAN precisó que en la actualidad la soberanía nacional es agredida por grupos que pretenden vivir al margen de la legalidad y buscar existir como un poder de facto ajeno a las instituciones del Estado, pero “la respuesta del Gobierno ha sido clara y contundente: combatir con toda la fuerza del Estado a estos grupos en aras de garantizar y consolidar las libertades de legalidad y la certidumbre jurídica.
Acción Nacional, afirmó, se reitera del lado de la legalidad, de la justicia, del respeto a los derechos humanos y de la nación, pues la claudicación del Estado no es alternativa. “Nuestra alternativa es continuar trabajando y perfeccionando la estrategia de combate a la delincuencia insistiendo cotidianamente en que esto es una tarea de todos y poner por encima de los intereses políticos el supremo interés de la nación”.
A su vez la diputada del PRD Teresa del Carmen Incháustegui Romero indicó que el país vive una situación crítica en materia de seguridad pública, pues “hablamos de un total acumulado en cuatro años de más de 20 mil ejecutados; 159 mil homicidios; más de ocho millones de delitos y esto no sólo responde a la escalada cada vez más extendida de las actividades criminales en el territorio sino los efectos indeseados de una política que ha sido ciega y torpe”.
Hemos cuestionado la estrategia -contra la delincuencia organizada- no porque estemos a favor de la delincuencia sino porque el problema que representa la criminalidad organizada en sus diversas modalidades no está bien entendido y ni los resultados han sido los deseados; la estrategia está enfocada en el descabezamiento de grupos delictivos, en la persecución de individuos no en la desarticulación de actividades atacando la base económica, financiera, logística y balística de las organizaciones.
A su vez la diputada del PVEM Adriana Sarur Torre dijo que se debe hacer del tema de seguridad pública una prioridad, donde se genere un espacio de libertad, seguridad y justicia, por ello “hemos apoyado una la Ley antisecuestro, defendido los postulados de la Ley de Seguridad Nacional y reclamado sanciones ejemplares para los delincuentes de este país; no regatearemos ni un solo centímetro en nuestro apoyo al Presidente por esta lucha en contra de la inseguridad”.
Mencionó que es apremiante detener la muerte de inocentes. “No debemos quedar impávidos ante las víctimas de género, de profesión o de clase social; la crisis de inseguridad podría transformarse en una caldera peligrosa en plena ebullición”.
El diputado del PT Jaime Fernando Cárdenas Gracia preguntó cuál es la relación de la SSP con el procurador Chávez Chávez; el asunto Guillermo Vélez; el caso Herrera Valles; el hostigamiento a su vecino Vidal Méndez porque lo cuestionó por su gestión; el boicot al doctor Samuel González que le impidió llevar a cabo un plan para combatir los secuestros.
Señaló que la seguridad pública se resuelve con empleo, educación, salud, vivienda y democracia, no son cárceles, ni pistolas, ni policías. “En la SSP debería existir un programa garantista sobre derechos humanos”, agregó.
Por su parte la diputada de Nueva Alianza Cora Pinedo Alonso señaló, que las estructuras de los cárteles cubren cada vez más entidades, las ejecuciones registran datos históricos, el robo a transeúnte parece como el delito más frecuente con un 42 por ciento seguido por el robo parcial de autopartes de vehículo con 27 por ciento. En cuanto el secuestro se estima que ocurren en sus diferentes modalidad alrededor de 50 mil anualmente.
Agregó que el número de víctimas va en aumento entre los que se encuentran integrantes de las fuerzas armadas, policías, población civil y criminales, sin embargo el tráfico y consumo de estupefacientes sigue en aumento. “Qué se está haciendo para prevenir los actos delincuenciales como el robo de autos, el tráfico de personas, el lavado de dinero, la piratería, trata de personas o el llamado levantón que es un secuestro a personas productivas”.
La diputada de Convergencia María Teresa Ochoa Mejía solicitó guardar un minuto de silencio por el asesinato del presidente municipal de Tancítaro, Michoacán, (Gustavo Sánchez Cervantes) el día de hoy.
Cuestionó cómo funciona la SSP inversamente a todos los recursos que se destinan y se incrementan “mientras todos lo días los medios de comunicaciones nos presentan imágenes de iconos de la delincuencia. Qué sucede cuando toda esa cantidad de presupuesto puede dedicarse para abatir el hambre, la pobreza, retraso, fomentar la educación, incrementar la investigación y así darle al país las herramientas que se necesitan realmente para combatir la ignorancia”.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, diputado José Luis Ovando Patrón señaló que los tiempos que se viven exigen acciones inmediatas y transcendentes para la solución de los problemas del país, en especial el de seguridad.
El Legislativo, dijo, tiene en sus manos un tema considerado prioritario por los tres órdenes de gobierno y la sociedad, por lo que se requieren soluciones y ése es el único objetivo al que “debemos estar convocados”.
Refirió que la Comisión ha aprobado 62 dictámenes, entre ellos: la Ley para la Prevención Social del Delito; dictámenes para el mejoramiento en calidad de vida de mujeres internas y sus hijos en centros penitenciarios; la implementación de programas de integración para la reinserción social; acciones para brindar atención y asistencia a víctimas del delito, así como el otorgamiento a los cuerpos policiacos a créditos para la adquisición de vivienda.