Entrelíneas
Miguel Ángel Schultz
El propósito que pretendía el desalojo del bloqueo en la mal llamada supercarretera Oaxaca-México, a la altura de Nochixtlán, que derivó en una masacre el pasado 19 de junio, no será aclarado si no se investiga el contexto del operativo, que se inscribe en la coyuntura que inició el 11 de junio, con la detención del secretario de Organización de la Sección 22 del SNTE, Francisco Villalobos; después el desalojo del IEEPO y posteriormente la aprehensión de Rubén Núñez Ginez, secretario General de la gremial. Saber el objetivo es derecho de las víctimas y del pueblo de Oaxaca.
Es necesario saber quién dio la orden, quién operó y por qué se hizo. Además esta escalada represiva inició la víspera de la entrega de la constancia de gobernador electo a Alejandro Murat Hinojosa, lo que le crea un escenario de conflicto aun antes de iniciar su mandato, programado para las cero horas del próximo 1 de diciembre.
Del viernes 11 al domingo 19 de junio, fueron los días más violentos de los que se tenga memoria en la actuación de las fuerzas federales, estatales y municipales, que dejó decenas de heridos, unos 200 en Nochixtlán y ocho muertos. Pero 13 en esa semana.
Hay que hacer notar que en el desalojo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), también participaron elementos de la policía del municipio de Oaxaca de Juárez, cuando dichas oficinas se ubican en el municipio conurbado de Santa Lucía del Camino.
Entonces cabe la pregunta ¿Qué carajo hacían fuera de su jurisdicción en un operativo represivo contra los maestros de la Sección 22?. ¿Se buscaba aplastar las protestas magisteriales, como se intentó el 14 de junio pero del año 2006, pero esta vez con éxito?, cosa que por lo visto no ocurrió, igual que como hace una década.
Arturo Peimbert Calvo, defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, en su cita con los senadores y diputados, muestra extrañeza, al no quedar claro el objetivo del operativo en Nochixtlán, según lo externó ante la Comisión Permanente de legisladores creada ex profeso, más aun cuando el operativo de desalojo sobre la carretera no duró más de 15 minutos, por lo que no hay explicación de por qué persiguieron a los que ahí estaban hasta la población, según dijo.
He escrito en entregas anteriores, que llama poderosamente la atención que las fuerzas policiacas avanzaron hacia el caserío de esa población de indígenas mixtecos, que ese domingo efectuaban su Día de Plaza, que congrega a unas cinco mil personas, principalmente mujeres, niños y ancianos de unos cien pueblos, de la región Mixteca, Chocholteca y Zapoteca de Oaxaca.
Hay que recordar que el gobernador Gabino Cué Monteagudo en conferencia de prensa la noche de ese mismo domingo, aseguró que fueron 800 policías estatales y federales, “que participaron desarmados y sin tolete en el operativo policial, ciñendo su actuación en apego estricto al protocolo de Uso Racional de la Fuerza Pública y con respeto absoluto a los derechos humanos de la población”.
Al lado del ejecutivo estatal se encontraban el comisionado General de la Policía Federal, Enrique Francisco Galindo Ceballos y el secretario de Seguridad Pública de Oaxaca, Jorge Ruiz Martínez, pero el gran ausente fue el comisionado de la Policía Estatal, el general de Brigada Diplomado de Estado Mayor retirado, Froylán Carlos Cruz, quien hasta el momento no se sabe el papel que jugó y se ha mantenido en las sombras sin dar información, al menos pública, sobre estos hechos.
Lo externado por Peimbert Calvo levanta la indignación porque, desmintiendo a Cué Monteagudo; aseguró que el 19 de junio a las 07:00 horas iniciaron el operativo policiaco al acercarse a Nochixtlán donde había entre 60 y 70 personas en el bloqueo, sin aplicar ningún protocolo se oyeron detonaciones y se lanzó gas lacrimógeno.
Que no se conoce la cifra exacta de heridos y lesionados por el temor que tiene la población a ser criminalizada, la Policía Federal impidió que en un hospital se atendiera a los heridos, que lo confirma el Instituto México del Seguro Social (IMSS) en un oficio.
Lo expresado por Peimbert Calvo, ante la Comisión Permanente del Congreso la Unión levantó la indignación de Ilaria Domínguez, senadora priísta, y Mariana Benítez Tiburcio, diputada federal priista por Oaxaca y ex subprocuradora de la Procuraduría General de la República (PGR). Esta última dijo al defensor que las “aseveraciones son muy delicadas, si no fueran ciertas o fueran verdades a medias, serían muy graves, viniendo de la autoridad”.
Sin embargo, hay que recordar el papel que desempeñó Benítez Tiburcio, en la matanza de Apatzingán el 6 de enero del 2014, donde señalaron a las fuerzas federales de masacrar a 16 personas, que montaron un escenario para afirmar que los muertos lo fueron en un enfrentamiento, pero en este caso su indignación debería de ser para que se aclare de fondo la masacre de Nochixtlán, como un hecho resultado no de la casualidad, sino de un acto premeditado, como parece ser que fue.
@MiguelAschulz
