COMUNICADO PÚBLICO
Mayo 21, 2014

Se desata una nueva y agresiva campaña de intereses privatizadores de los estratégicos bienes naturales comunes de la selva lacandona y de la reserva de biosfera montes azules, disfrazados de “ambientalistas”, violando derechos indígenas y criminalizando la protesta social

1. La Selva Lacandona, es una bio‐región estratégica, poseedora de valiosos y estratégicos bienes naturales comunes, como son el agua con sus caudalosos cauces; la biodiversidad con sus reservorios genéticos, plantas medicinales y bellezas escénicas; así como la extensa cobertura vegetal y lo que ella implica en captura de carbono y regulación climática, todo lo cual ha hecho de esta región, un botín, cuya apropiación y control sea ambicionado por gigantescas corporaciones multinacionales, agroalimentarias, farmacéuticas, petroleras, embotelladoras de agua, automotrices y generadoras de energía eléctrica, quienes hoy día, al amparo de políticas mundiales emitidas por organismos multilaterales, se disfrazan de “verdes ambientalistas”, siendo apoyadas por gobiernos nacionales y locales, con el impulso de acciones y programas como son el establecimiento y la imposición de Áreas Naturales Protegidas bajo control gubernamental; el pago por servicios ambientales; los proyectos de “eco”‐turismo; Redd+, entre otros.

2. Para una eficiente instrumentación de estas políticas, estas multinacionales del “capitalismo verde”, requieren de Ongs conservacionistas –de nivel internacional y local‐ y de Centros de Investigación, que actúen como “contrapartes” y operadores de campo, como en la Lacandona, ha sido el caso de la estadounidense, Conservación Internacional (CI), y de “Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable, AC”; “Natura Ecosistemas Mexicanos, AC” y el “Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente” (CeIBA), éstas tres últimas, auspiciadas y operadas –directa o indirectamente‐ por Julia Carabias y Javier de la Maza.

3. Para su implantación y expansión, el capitalismo verde requiere –y exige‐ de territorios sin pueblos indígenas ni comunidades, máxime si éstos presentan una activa resistencia social y una reivindicación de sus derechos colectivos.

4. Es por ello que en la Selva Lacandona, lo gobiernos ‐federal y estatal‐, entre 2003 y 2012 impulsaron y desarrollaron una agresiva política de despeje territorial y despojo social, que, violentando derechos colectivos fundamentales, implicó la reubicación forzosa y el desalojo violento, de 45 pequeños poblados indígenas tseltales, tsotsiles y ch’oles, asentados dentro o en las inmediaciones de la Reserva de Biosfera Montes Azules, llegándose al caso de la impune masacre operada contra el pequeño poblado de Viejo Velazco (13 de noviembre, 2006) que costó la vida a una mujer embarazada, seis ancianos y dos agresores.

5. Para justificar jurídicamente este despojo, el Estado mexicano se basó en el histórico fraude agrario cometido desde marzo de 1972, cuando –para facilitar el saqueo de maderas preciosas‐ ilegalmente emite el decreto presidencial de Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales, a favor de la llamada “Comunidad Zona Lacandona”, mediante el cual se reconoce y titula ‐de forma totalmente ilegal‐ 614 mil hectáreas de la selva a favor de únicamente 66 familias de origen Maya Caribe ‐mal llamadas “Lacandonas”‐ habitantes entonces de sólo 3 poblados (Lacanjá Chansayab; Nahá y Metzabok), lo cual significó la flagrante violación de los derechos agrarios y humanos, y un verdadero despojo, para 47 poblados tseltales, tsotsiles, ch´oles y tojolabales, asentados desde los años 50´s y 60´s, principalmente en la subregión de Las Cañadas, todos ellos con procesos agrarios legalmente instaurados (17 de ellos incluso, con Resolución Presidencial emitida).

Esta ilegítima e ilegal maniobra agraria, se complementó en 1978, con la inclusión ‐por decreto y en calidad de “subcomuneros”‐ de los jefes de familia de los poblados de “Frontera Echeverría” (de origen ch´ol ‐ hoy Frontera Corozal) y Manuel Velazco Suárez (de origen tseltal ‐ hoy Nueva Palestina) producto del primer proceso de reubicación forzosa ejercida en el periodo 1974‐1976, sobre los 47 poblados citados, 21 de los cuales aceptan su reubicación y concentración en las dos “aldeas modelo” señaladas (Frontera Corozal y Nueva Palestina).

Cabe señalar que los otros veintiséis poblados de Las Cañadas, amenazados de desalojo violento desde 1974, que se niegan a ser reubicados, crean, para su defensa y lucha agraria, la Unión de Ejidos Quiptic Ta Lecubtesel (1975), bajo la bandera de “No a la Brecha Lacandona”, Unión que devino en la Unión de Uniones y Grupos Campesinos Solidarios del estado de Chiapas (1981) surgiendo de esa raíz común, tanto las actuales ARICs (Independiente y Democrática y la Unión de Uniones Histórica) como el propio Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
(ver: www.maderasdelpueblo.org.mx/archivos/pdf/montesazules.pdf )

6. Complementariamente, buscando legitimar política y socialmente el uso de la violencia en contra de inermes poblados indígenas, los gobiernos federal y de Chiapas –con el apoyo, impulso y aplauso de Ongs conservacionistas como las citadas‐ fundamentan sus acciones en la existencia del decreto de marzo de 1978, que crea en el corazón de la Selva Lacandona, la primer Reserva de Biosfera del país: Montes Azules (321 mil hectáreas – 70% dentro de la CZL) mismo que se complementa con la posterior imposición de otras 6 Áreas Naturales Protegidas bajo control gubernamental, todas éstas dentro del territorio de la llamada “Comunidad Zona Lacandona”(CZL).

De esta forma, los 45 poblados indígenas, localizados hacia los años 2000‐2001, por SEMARNAP y Conservation International, dentro del territorio ilegalmente comunal y dentro de alguna de estas reservas federales –especialmente Montes Azules‐ fueron des‐calificados, jurídica y públicamente, como “invasores” de territorio ajeno y “depredadores” de la naturaleza, iniciándose entonces (mayo 2000) los intentos de desalojo oficial, mismos que pudieron operativizar a partir de julio 2003.
(ver: www.maderasdelpueblo.org.mx/archivos/pdf/montesazules.pdf )

7. Para la ejecución de esta agresiva política de despeje territorial y despojo social, así como para la instrumentación de todos los programas privatizadores de la naturaleza (pago de servicios ambientales, Redd+) y de los lucrativos negocios verde$ (como lo son las supuestas “Estaciones Biológicas” de Chajul y Río Tsendales, convertidas por Julia Carabias y Javier de la Maza, en elitistas hoteles de “eco”turismo y turismo científico) los gobiernos federal y de Chiapas, habían contado hasta hace poco, con la complicidad y complacencia de las autoridades comunales “lacandonas”, cuyo Pueblo –el Maya Caribe‐ ha sido objeto de la mayor violación a los derechos colectivos que puede sufrir un Pueblo: los derechos a la dignidad, a la identidad y a la preservación de sus raíces históricas.

8. Sin embargo, a partir de 2013, esta relación Gobiernos‐Conservacionista$‐Comunidad Zona Lacandona, comenzó a transformarse, por la actuación del comisariado de bienes comunales, encabezado por Chankín Chimbor Chambor, quien buscó y estableció una relación de diálogo y acercamiento con la organización ARIC Unión de Uniones Independiente y Democrática, en la búsqueda de acuerdos pacíficos que permitieran la regularización de los últimos tres poblados existentes aún dentro de Montes Azules (Nuevo San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal), así como por el surgimiento dentro de la “Comunidad Lacandona”, de voces jóvenes, inconformes y disidentes,

En este contexto es que, a partir de octubre 2013 se suceden los siguientes

H E C H O S

A. El 16 de octubre de 2013, ocho jóvenes indígenas integrantes de la Comunidad Zona Lacandona fueron detenidos acusados de ecocidio, luego de haber sido desalojados de la porción sur de la Reserva de Biosfera Montes Azules (frente al ejido Zamora Pico de Oro, muy cerca del hotel de “eco”turismo de Río Tzendales) donde se habían asentado con sus familias, buscando tierra para sembrar su milpa y poder sobrevivir.

Ante estos hechos y, en particular ante el inminente proceso penal instaurado en contra de sus ocho compañeros ‐considerando que el delito de ecocidio está tipificado como grave en el Código Penal del estado de Chiapas‐ habitantes de varias comunidades ubicadas en la Selva Lacandona realizaron un bloqueo en la Carretera Transfronteriza, exigiendo la liberación de los ocho compañeros, acusados además, de demandar la cancelación de proyectos conservacionistas de diferentes asociaciones civiles en la zona y de reivindicar por primera

vez, su derecho soberano como pueblo indígena, al territorio y a los bienes naturales de la selva.

B. En noviembre 2013, integrantes de la Comunidad Zona Lacandona, emiten un comunicado público, en el que señalan:

“…En el 2008 después de analizar una serie de irregularidades por parte del sector agrario y ambiental decidimos por orden de la asamblea general buscar con los pueblos hermanos una reconciliación firme respetando los derechos de ambos, desafortunadamente por confiar en las instituciones ambientales y agrarias que de mala fe nos confrontaron con otros pueblos creyendo que su intensión era buena, pero al final nuestro análisis nos ha llevado a que siempre han lucrado con nuestra comunidad lacandona y que siempre seamos obedientes a sus decisiones y propósitos comerciales.

Con agrado podemos decir que con muchos pueblos y organizaciones sociales logramos nuestra reconciliación, con desagrado observamos que muchos funcionarios de alto nivel están en desacuerdo que tengamos la unidad entre pueblos de la zona.

También la sociedad debe conocer que siempre se ha mentido con respecto a la selva lacandona, las 614, 321 hectáreas ya no existen en la actualidad pues se han perdido más de
160, 000 Mil hectáreas. Como también es mentira que la reserva de la biosfera de Montes Azules tenga 331,200 hectáreas, actualmente se ha reducido considerablemente por los errores de la política agraria y ambiental. Sin embargo estas instituciones federales y estatales culpan a los pueblos indígenas de ser los principales destructores, nosotros les decimos que la selvas existen por el cuidado y esfuerzo de nuestros pueblos que muchas veces tenemos que aplicar nuestros reglamentos para poner orden en la conservación de nuestras selvas, no son ellos quienes en realidad la protegen.

La decisión de manifestarnos es porque las autoridades federales y estatales están imponiendo una serie de asociaciones civiles para que se adueñen de las reservas y sitios que nuestros abuelos, padres y nosotros hemos cuidado para las nuevas generaciones, restringiendo nuestras actividades que por costumbres realizamos con todo el cuidado necesario para que no existan mayores destrucciones cuidando nuestros ríos, lagos y nacimiento de aguas.

No aceptaremos que estas organizaciones civiles disfrazadas de ambientalistas se adueñan de nuestras tierras, bosques y aguas como lo quieren pretender que se firmen convenios de 30 años según ellos para la conservación pero sabemos que lo que pretenden es arrebatarnos nuestras tierras.”

Y cerraban su comunicado:
POR LA DEFENSA DE LA SELVA LACANDONA
*NUESTRO TERRITORIO NO SE VENDE.
*LIBERTAD A LOS 8 PRESOS TZELTALES PROTECTORES DE LA SELVA.
*FUERA JULIA CARABIAS LILLO, JAVIER DE LA MAZA Y SU BANDA COMERCIANTES DE LA FLORA Y FAUNA.
*RECHAZAMOS A LAS ASOCIACIONES CIVILES PRIVATIZADORAS.
*RESPETO A NUESTRA CULTURA Y FORMA DE GOBIERNO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA SELVA.

PACTO DE GRUPOS ECOLOGISTAS