* En el contexto del décimo aniversario de la tragedia de Pasta de Conchos
* Integrantes de la organización “Familia Pasta de Conchos” plantearon la falta de aceptación y de cumplimiento cabal de las Recomendaciones 26/2006 y 64/2008, respectivamente
* Nuevas situaciones vulneran derechos humanos de personas y familias vinculadas o afectadas por actividades mineras en municipios de Coahuila
Ciudad de México., 21-feb-2016.- A 10 años de la explosión de la Mina Pasta de Conchos, que dejó 65 trabajadores muertos y varios heridos, familiares de las víctimas, trabajadores y habitantes de El Cloete, en Sabinas, y La Florida, en Múzquiz, Coahuila, plantearon al ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, la lamentable falta de aceptación por parte de las autoridades de la Recomendación 26/2006 y el incumplimiento a la Recomendación 64/2008.
Asimismo, la falta de atención al Informe Especial sobre las Condiciones de Seguridad e Higiene en la Zona Carbonífera de Coahuila de 2011, pronunciamientos emitidos en su momento por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo cual ha dado motivo a que persistan y se agudicen situaciones que comprometen el goce de diversos derechos humanos de personas y familias en esa entidad.
Miembros de la organización “Familia Pasta de Conchos” señalaron que entre los puntos no resueltos por las autoridades se encuentra el rescate de los cuerpos de quienes se encontraban en la mina de Pasta de Conchos ese 19 de febrero de 2006, cuando sucedió la explosión.
En el encuentro en las oficinas de la CNDH, los quejosos señalaron que lo sucedido en Pasta de Conchos fue sometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero que el procedimiento ha sido tardado, por lo que pidieron a González Pérez se estudiaran posibles acciones para coadyuvar a que dicha instancia internacional atienda la queja presentada.
Asimismo, le plantearon que debido a intereses económicos por extraer carbón, diversas personas y empresas excavan nuevas minas, hoyos, horadaciones y tajos a 10 y 20 metros de las viviendas, lo que representa un peligro para las familias. De igual manera, le hicieron saber de agresiones violentas de grupos de provocadores, hombres y mujeres, que dicen ser enviados por quienes controlan las minas y que actúan con la connivencia de las autoridades.
Entre estas agresiones, sobresale el caso de un ex minero quien aseguró que su hijo fue detenido y golpeado por elementos policiales, lo que tuvo por resultado la pérdida de la vida; ante este hecho, denunció la inactividad de las autoridades para esclarecer lo sucedido y sancionar a los responsables.
González Pérez recogió los testimonios y planteamientos sobre las nuevas quejas presentadas y ofreció que serán estudiadas por la CNDH para darles el trámite que corresponda; asimismo, dada la situación que impera en diversas zonas de la entidad, se implementarán acciones de educación y difusión de los derechos humanos.
