* Necesarias para dar respuesta integral a las recomendaciones emitidas por el CDE de la ONU, y cumplir con el compromiso de México ante este organismo, puntualizó
* Solicitará se exhorte al Poder Ejecutivo para que retire las reservas a los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la protección de las personas contra las desapariciones forzadas

México DF., 15-feb-2015.- Para dar respuesta integral a las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada (CDE, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y cumplir con el compromiso de México ante este organismo, de contar con una legislación en la materia para junio próximo, el Ejecutivo Federal está obligado a remitir al Congreso las iniciativas de ley contra las desapariciones forzadas durante lo que resta de este periodo ordinario de sesiones, aseveró la senadora Laura Angélica Rojas Hernández.

Es urgente, explicó la también presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales, intensificar el trabajo ante las observaciones finales realizadas por el CDE al informe presentado por las autoridades mexicanas, en el que se insta a México para que se ajuste a sus obligaciones como Estado signatario de la Convención Internacional

Lo anterior, agregó, toda vez que prevalece “un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.

Mediante un punto de acuerdo que presentará ante el pleno del Senado de la República, explicó que es el momento de trabajar en una Ley General en la materia, a fin de implementar las recomendaciones emitidas a México y cumplir con la obligación contraída en este tratado internacional, de sancionar el delito de desaparición forzada con penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad así como velar porque su sistema legal garantice a la víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada.

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) solicitará también se exhorte al Poder Ejecutivo Federal, para que retire las reservas a los artículo 31 y 32 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Esto significa, explicó Rojas Hernández, que si bien el gobierno de México signó este instrumento internacional, su adhesión la llevó a cabo con reservas a estos dos artículos.

Es decir, no ha aceptado los términos del artículo 31, que se refiere a admitir la competencia del Comité para recibir quejas individuales; ni los del 32, que reconoce la competencia del Comité para examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro no cumple con las obligaciones de la misma.

La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales solicitará que el Ejecutivo comunique al Senado los términos de su respuesta sobre las medidas que emprenderá, para cumplir con las recomendaciones emitidas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas.