En el salón de Recepciones de Palacio Nacional, el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la nueva Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, que a juicio del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, obligará a todas las autoridades a sujetar su actuación al principio de protección y salvaguarda de los derechos humanos, en especial de los más vulnerables.

Peña Nieto señaló que con la nueva Ley de Amparo “corresponde a todas las autoridades del país, hacer de la justicia, la legalidad y el respeto a los Derechos Humanos, una práctica efectiva en nuestro actuar cotidiano”.

Entre los cambios mencionados por Peña Nieto que se concretan en la nueva Ley de Amparo, está que en primera instancia se amplía la esfera de protección a los derechos. En adelante, dijo, el juicio de amparo procederá en contra de normas generales, actos y omisiones, por parte de los poderes públicos o de particulares en funciones equivalentes a las de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que nuestro país sea parte.

Con ello, en México los derechos humanos previstos en los tratados internacionales serán objeto de protección directa, y se otorga la calidad de parte agraviada a quien tenga un interés legítimo, no necesariamente jurídico, siempre que la norma, acto y omisión reclamados violen sus derechos humanos.

El presidente Enrique Peña Nieto destacó que el derecho es la base de la convivencia entre particulares, estructura al Estado y protege a las personas frente al poder público, mientras que “el juicio de amparo ha sido y es el principal instrumento de defensa de los derechos que las personas tienen para protegerse de los actos de la autoridad”.

De su lado, el presidente de la Suprema Corte señaló que “ahora es más claro que nunca que “nuestra labor está marcada por la defensa del interés público, que consiste en salvaguardar a las personas de los abusos o excesos de sus encargos, así como de la posible violación de sus derechos humanos que puedan suscitarse, en las mismas relaciones individuales”.

Silva Meza subrayó que la nueva legislación en materia de Amparo fue resultado de un proceso que involucró a los tres Poderes de la Unión.

Peña Nieto resaltó que después de 172 años de creado el amparo, “se revitaliza el instrumento de control constitucional más importante de nuestro sistema jurídico” y resaltó que “la nueva Ley de Amparo es un mérito de todo el Estado mexicano. Es una muestra más de que México se está transformando para contar con más y mejores instituciones, que nos permitan consolidar el Estado constitucional y democrático, de derecho, que todos anhelamos”.

Con la nueva Ley de Amparo, dijo peña Nieto, se dota de efectos generales a las sentencias de amparo que culminen en la declaratoria de inconstitucionalidad en la norma general, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. “En materia de suspensión del acto reclamado, se obliga al órgano jurisdiccional a hacer un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés nacional, con el propósito de que no se otorguen suspensiones que causen más perjuicios sociales, que beneficios para el quejoso”.

Adicionalmente, agregó el mandatario, se eleva la eficacia de la justicia mexicana, al establecer la obligación de los tribunales de fijar en las sentencias de amparo directo los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución y, acorde con los nuevos tiempos, las promociones ya podrán efectuarse en línea, mediante el uso de la firma electrónica, lo que reducirá tiempos y costos en el acceso y administración de la justicia.

Otra innovación citada por Peña Nieto es que la nueva Ley de Amparo fortalece la eficacia y, sobre todo, la adecuada interacción entre los Poderes, al otorgarse la facultad excepcional al Ejecutivo y Legislativo Federales para solicitar a la Suprema Corte de Justicia la resolución prioritaria de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos, “cuando se justifique la urgencia por interés social o para mantener el orden público”.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Ernesto Cordero Arroyo, subrayó que el juicio de Amparo es una de las instituciones jurídicas más importantes del andamiaje legal del país. “Con el Amparo, México aportó al mundo una herramienta para que los ciudadanos pudieran defenderse del abuso de sus gobernantes”, dijo al afirmar que gracias a esta figura México es pionero de la protección de los derechos fundamentales a nivel mundial.

Añadió que el Decreto Promulgatorio de la nueva Ley de Amparo, firmado hoy por el Titular del Ejecutivo Federal, dará vida y fuerza a las reformas constitucionales aprobadas en junio de 2011, vinculadas con el juicio de amparo y a la protección de los derechos humanos.

El primer orador en el acto, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Arroyo Vieyra, dijo que con la nueva legislación de amparo se amplían los márgenes de la legitimidad jurídica; se visualizan los amparos colectivos, y se modernizan las herramientas para que, inclusive, los medios electrónicos de comunicación estén a su servicio, además de que se abre la posibilidad de una declaración general de inconstitucionalidad.