México, DF.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que preside Raúl Plascencia Villanueva, intensifica sus labores de atención especial a las víctimas del delito para redimensionar su papel y señalar al Estado mexicano su obligación de respetarlas.

Lleva a cabo eventos de promoción y divulgación a fin de que ciudadanos y servidores públicos, conozcan sus derechos y los hagan valer.
Gracias a estos talleres, pláticas y foros, se propicia que en el ejercicio de sus funciones, las autoridades se abstengan de anular o desconocer tales derechos o de utilizar mecanismos que provoquen una doble victimización institucional.

En esta capacitación se aclara que los efectos del delito no terminan con la afectación directa a la víctima, sino que además se extiende indirectamente a terceros como la familia y a los testigos que le prestan ayuda, entre otros.

La CNDH busca evitar que las víctimas sigan siendo consideradas como las protagonistas olvidadas dentro de los sistemas de justicia ya que en su mayoría quedan sujetas al desamparo institucional, situación que en un Estado de Derecho y por humanidad no puede tolerarse.

Considera que tradicionalmente las legislaciones han contemplado al delincuente, ignorando a la víctima, dejándola en el olvido, sin tomar en cuenta que la victimización puede provocar daños severos que en muchas ocasiones son de difícil o imposible reparación, no solamente en su aspecto físico, sino en su estado emocional, afectando a sus relaciones sociales y familiares, su situación económica y hasta jurídica en la mayoría de los casos.

Esta Comisión Nacional cuenta con el Programa de Atención a Víctimas del Delito (Provictima), el cual tiene como objetivo proporcionar información y acompañamiento, ayuda psicológica y orientación jurídica a los agraviados, así como promover entre la sociedad la cultura de respeto a sus derechos.

Así, la CNDH lucha porque se generen los mecanismos que permitan propuestas para su atención rápida y eficaz, por el abandono en que se encuentra las víctimas, la violación a sus derechos humanos, la ausencia de una política criminal efectiva, la impunidad, y la inexistencia de instituciones victímales suficientes y adecuadas.