Frente a los rostros de excepticismo de Alejandro Martí, María Elena Moreira, Isabel Miranda de Wallace, la ausencia de Javier Sicilia y de otros representantes de organizaciones de los desaparecidos durante el gobierno de Calderón, el presidente Enrique peña Nieto ofreció “en un mediano plazo, que la sociedad recupere la confianza en sus instituciones y en la autoridad”.
Peña Nieto inauguró la 29 Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, efectuada en la ciudad de México, a la que asistieron procuradores, presidentes de tribunales de justicia, senadores, diputados y funcionarios judiciales.
El mandatario saludó a los representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil que “se han sumado a este esfuerzo, de lo que, sin duda, es una tarea irrenunciable del Estado mexicano, pero que también demanda la participación de la sociedad civil”.
Insistió en que la misión del gobierno busca el mismo objetivo de las organizaciones de la sociedad civil: “el de darle al país condiciones para la justicia, para la tranquilidad y para la paz”.
“El ideal de la justicia plena es muy claro: que el delincuente reciba el castigo que merece y que no haya, al mismo tiempo, una persona inocente en la cárcel. Sin embargo, lograrlo, y ustedes mejor que nadie lo saben, no es igual de sencillo”.
Pare ello, agregó Peña Nieto, “es indispensable contar con un Estado de Derecho sólido y eficaz donde la ley se cumpla sin excepciones, sin preferencias y sin demoras”.
El presidente señaló que en esta misión “tiene que haber corresponsabilidad, coordinación y alineación de esfuerzos entre órdenes de Gobierno y entre Poderes de la Unión, y entre los poderes de las distintas entidades del país”.
Peña Nieto mencionó la nueva reforma penal con la cual se agilizarán los juicios, los cuales “se resolverán con mayor capacidad institucional los distintos casos que se tengan y se asegura la equidad entre las partes; se privilegia la solución de conflictos, a través de mecanismos alternativos, como la conciliación y la mediación para la pronta reparación del daño”.
“Todas las instancias que participan en el sistema de justicia deberán garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos; además, la Reforma de Justicia Penal, sin duda tiene un importante impacto en la contribución al desarrollo y al dinamismo económico que tenga nuestro país”.
El mandatario manifestó que se reducen “el delito y la impunidad, los emprendedores, los empresarios, habrán de invertir, por un lado, menos en seguridad y más en aquello que permita que sus actividades, cualesquiera que sean dentro del ámbito privado, sean más productivas”.
Igualmente, Peña Nieto dijo que en la medida de que se logre combatir “la impunidad, el tener un sistema de justicia pleno y el asegurar la aplicación irrestricta de la ley, nos va a permitir realmente impulsar o tener mejores condiciones para el crecimiento económico y, en consecuencia, para el desarrollo social”.
“La mejor fórmula para combatir la pobreza es efectivamente logrando crecimiento y desarrollo económico, y que con la participación del Estado podamos realmente asegurar una justa distribución de esa riqueza entre los mexicanos, y por eso se hace fundamental establecer condiciones de mayor seguridad”.
Después de señalar que ordeno una profunda reestructuración de la Procuraduría General de la República, mencionó que “otro reto inaplazable es la aprobación de la iniciativa de reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir un Código Único de Procedimientos Penales y una Ley General Penal”.
Asimismo, el presidente dijo que “la sociedad espera respuestas oportunas y eficaces; espera, también, un cambio positivo no sólo en las policías o en los Ministerios Públicos, sino especialmente en las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia”.
En el evento hablaron también el procurador Jesús Murillo Karam y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera.
