La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos reconoce y reivindica la legítima participación ciudadana en la esfera pública, por lo cual expresa su compromiso de velar y asegurar la defensa y el disfrute efectivo de las libertades de los derechos primordiales de las personas frente al ejercicio del poder público.
Con apego a su autonomía, independencia y autoridad moral, las Comisiones, Procuradurías y Defensorías Estatales de Derechos Humanos impulsarán una eficaz y expedita protección y defensa de los derechos fundamentales de quienes ejercen su derecho a la protesta pública, así como de quien se vea afectado en su persona y/o bienes en este contexto, por actos u omisiones por parte de la autoridad.
Declararon que la libertad de expresión es un derecho fundamental en todo Estado democrático, y su práctica facilita el ejercicio de otros derechos como son el de reunión y el reclamo social.
Mediante un documento intitulado “Posicionamiento sobre el Derecho a la Protesta Pacífica”, que consta de once puntos, destacan que la protesta es un mecanismo de exigencia social que busca visibilizar una problemática que afecta a un colectivo o a un grupo de personas.
Junto con la movilización social, dicen, la protesta se ha constituido como herramienta de petición a la autoridad y, también, como canal de denuncia pública de abusos y violaciones a los derechos humanos.
Los organismos agrupados en la FMOPDH señalaron que las autoridades tienen la obligación de dar cauce a las muestras de descontento, escuchar las necesidades expresadas y buscar vías adecuadas para responder a ellas efectivamente, no reprimirlas por medios violentos ni mucho menos criminalizar su expresión cuando está enmarcada dentro de los límites legales.
De ocurrir alguna detención dentro de los cauces previstos por el derecho, se deberá presentar de manera inmediata al probable inculpado ante la autoridad competente y dar las razones que la motivaron.
Se pronuncian porque el uso de la fuerza legítima sea el último recurso de la autoridad, que debe regular la actuación de los cuerpos de seguridad en manifestaciones públicas, los cuales operarán con sentido de oportunidad, gradualidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza frente a posibles agresiones y ataques, así como evitar la detención arbitraria e ilegal y respetar el principio básico de presunción de inocencia y el debido proceso.
