Entrelíneas

Miguel Ángel Schultz

Para efectuar la Evaluación del Desempeño al Servicio Profesional Docente, los gobiernos federal y estatal han tenido que desplegar miles de elementos de la Gendarmería, Marina y Ejército. Helicópteros realizan vuelos que hacen sentir la vibración de los motores en las casas y transeúntes. La presencia de las tanquetas, el cierre de Ciudad Administrativa y de las carreteras adyacentes y la campaña en los medios de información de que se aplicará la ley a quienes se opongan físicamente a la Evaluación, hace ver que es un operativo que se inscribe en una guerra de baja intensidad, cuyo propósito es intimidar a la población para que reoriente su conducta, sin el empleo de armas letales.

Ante el manifiesto rechazo de los integrantes de la Sección 22 del SNTE, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño y el gobernador Gabino Cué, han reiterado que la Evaluación se efectuará, prácticamente al costo que sea, lo que no ha merecido hasta el viernes por la tarde noche de un posicionamiento del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, cuyo desdén a los medios informativos considerados de “provincia”, al no estar en la ciudad de México, capital del país, no proporciona información suficiente y precisa, a través de Néstor Martínez Cristo, titular la Coordinación General de Comunicación y Proyectos de prensa de la CNDH

La CNDH vía telefónica dio a conocer que personal de las visitadurías Primera, Segunda y Quinta estarían en la ciudad de Oaxaca al tanto de que no se violenten los derechos humanos de las y los ciudadanos. Sin embargo, fue imposible entrar en contacto con los titulares de sendas instancia de la CNDH: Ismael Eslava Pérez, Enrique Guadarrama López y Edgar Corzo Sosa, respectivamente.

Las actividades en Ciudad Administrativa, ubicadas en el municipio conurbado de Tlalixtac de Cabrera, a ocho kilómetros de la ciudad de Oaxaca, fueron suspendidas este jueves 26 y viernes 27, por lo que más de tres mil trabajadores dejaron de laborar en sus centros de trabajo como la gubernatura y las secretarías de Administración; General de Gobierno; Contraloría y Transparencia Gubernamental; Desarrollo Social y Humano; y Asuntos Indígenas, entre otras dependencias.

Trascendió que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) compró mobiliario, equipo de cómputo y otros enseres por más de 35 millones de pesos, adquisición que fue realizada por adjudicación directa del titular de la dependencia, Moisés Robles; a lo que hay que sumar el costo de la movilización de los cerca de ocho a 10 mil elementos de la fuerzas federales, los vuelos de los helicópteros, la alimentación y el hospedaje de los maestros que aceptaron ser avaluados, podríamos afirmar que esta evaluación tiene un precio superior a los cien millones de pesos.

Llama la atención que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) no requiriera la presencia de la CNDH y haya limitado su actuación al ámbito de tener listos visitadores, que observarán el desarrollo de la Evaluación, cuando es evidente la necesaria y urgente intervención de la CNDH, al ser tanto la SEP, como las fuerzas federales, instancias del ámbito federal.

Si bien los maestros de la Sección 22 del SNTE están en un error al oponerse a la Evaluación del Desempeño al Servicio Profesional Docente, no será con la trasgresión del Estado de Derecho como el gobierno dará respuesta a los problemas educativos del país. Está probado, que la letra con sangre no entra.

@MiguelAschulz