* En unos años siete billones de personas en todo el mundo enfrentarán estrés hídrico
México, DF., 17-nov-2014.- Se debe hacer una optimización del conocimiento para que cada una de las partes involucradas en la gestión y administración del agua pueda negociar, de una forma justa y saludable la protección de las fuentes del líquido no sólo para el consumo sino para la manutención del funcionamiento vital de los ecosistemas, afirmó Alberto Palombo, secretario de la Red Interamericana de Recursos Hídricos.
Durante su participación en el Décimo Foro Internacional de Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, organizado por la Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros (UNAI), previo a la COP 20, anticipó que en unos años el cambio climático y el crecimiento demográfico acelerado, colocará al menos a siete billones de personas en todo el mundo en una situación de estrés hídrico.
“De alguna manera todas estas personas tendrán alguna forma de carestía de agua, sea por calidad, cantidad o temporalidad y para poder llegar a acuerdos, todas estas realidades deben ser consideradas y formar parte de una planeación de mediano y largo plazo, con escenarios que van de lo preocupante a lo optimista”, expresó el investigador, quien criticó la tendencia de los gobiernos a ajustarse a medidas de corto plazo.
Desde esta perspectiva resaltó el papel de las universidades y los centros de investigación en las labores de negociación, que acercarán a las naciones a una mejor resiliencia ante los eventos extremos que se están presentando en todo el mundo y consideró que la acumulación de conocimiento les permitirá hacer mejores gestiones del agua y del entorno.
Sin embargo, el especialista en la gestión de recursos hídricos externó su preocupación, porque a pesar del constante desarrollo de nuevos conocimientos, éstos tardan demasiado tiempo en llegar hasta las esferas de la toma de decisión y a quienes tienen la fuerza para hacer cambios para bien o para mal.
“Existen las tecnologías, pero las políticas que se han desarrollado para la aplicación de esas tecnologías o del uso del agua, están impactados por una serie de intereses económicos, sociales y hasta de ambientalistas. Entonces ese diálogo tiene mucho ruido”, afirmó Palombo
Consideró que aún cuando todos sabemos lo que se debe hacer, nos cuesta trabajo ver una posición conjunta desde donde podamos promover cooperación y colaboración para mejorar la gestión.
En este contexto, consideró equivocadas las perspectivas que buscan sacar al sector privado de la gestión del agua, “estos procesos deben ser incluyentes, integrando al sector privado, a las organizaciones comunitarias y a los grupos indígenas”, afirmó y calificó la participación privada como un usuario importante e impactante si no existe una regulación adecuada.
“La gestión del agua, tiene un engranaje muy fino, tiene que estar muy bien pensada y los derechos y deberes de cada uno deben estar perfectamente definidos”, dijo tras insistir en la relevancia de promover el involucramiento desde la academia, puesto que muchos de los conocimiento que hoy circulan en esos espacios se encuentran lejos de quienes deciden y definen los proyectos, procesos y leyes en materia hídrica y ambiental.
Ante la proximidad de la COP 20, el investigador estimó que “las soluciones tienen que estar lo más cerca posible de los problemas” y por ello reuniones tipo cumbre deben incorporar cada vez más la visión de estos problemas, con diálogo y comunicación efectiva.
Reconoció que en la gestión hídrica hay muchas áreas vacías, falta de formación de cuadros, de recursos humanos, falta de comunicación entre las instituciones reguladoras y los regulados, “solamente se comunican cuando hay un problema, no ha habido una actitud proactiva”.
“Hay que tener un principio de escucha activa, no puede ser que llegue el representante de la autoridad y viene como mensajero, de alguna forma ese diálogo tiene que ser muy fluido, tiene que ser transparente y a la vez tiene que ser responsable”, consideró.
El funcionario estableció que una correcta comunicación puede generar los incentivos necesarios para incorporar nuevas tecnologías para mejorar la gestión hídrica o para mitigar la degradación de los recursos naturales.
