Por Libre Pensador
El libro México, La disputa por la nación, de Rolando Cordera y Carlos Tello, que acaba de cumplir 30 años de su primera edición, viene a ser en estos tiempos de sequía de ideas, visionario en una nación que hasta carece de un futuro sin rumbo; que navega inmersa en un indisoluble conflicto entre dos fuerzas neoliberales, una más conservadora que otra, pero orientada hacia el mismo modelo de capitalismo rapaz.
Hace treinta años, Cordera y Tello describieron una disputa entre el neoliberalismo y un nacionalismo que “supondría la reactualización del proyecto nacional esbozado de manera embrionaria en la Constitución de 1917”. Hoy son dos neoliberalismos en pugna para el 2012, el del PAN y el del PRI, y una fuerza rezagada que representaría esa vía nacionalista en el PRD que la causa alergia a las principales fuerzas económicas del país.

La sucesión presidencial del 2012 adquiere situaciones novedosas en esta nueva disputa por la nación:
*Un presidente que en la Universidad de Stanford de los Estados Unidos se erige en un virulento jefe de la campaña de su partido fustigando el pasado negro del PRI, mientras una avioneta sobrevuela la sede universitaria californiana con la leyenda de los 40 mil muertos, ¿cuántos más?
*Y unas Fuerzas Armadas que asumen una actitud declaradamente política al descalificar al poder civil y relevarlo abiertamente en los estados y municipios de sus responsabilidades de la seguridad pública. No es una fuerza que sirve de contrapeso como lo era en los gobiernos del PRI, es una fuerza que con microgolpismos se coloca por encima del poder civil en los municipios y en los gobiernos estatales.
En el 2011 es la misma historia de venganzas y discordias en la lucha por el poder en México; no existen grandes diferencias con el pasado negro del PRI. Hoy se acusa a miembros de las Fuerzas Armadas de violaciones a los derechos humanos en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Morelos como se les señaló en la época de los priistas malos.
Ahí están como ejemplo los dos muchachos asesinados del Tec de Monterrey en 2010, Jorge Antonio Mercado Alonso, originario de Saltillo y estudiante de maestría, y Javier Francisco Arredondo Verdugo, con estudios de doctorado en ingeniería, a quienes el ejército les sembró armas; lo mismo que a Jorge Otilio Cantú, un doctor, a quien lo acribillan en marzo pasado y lo hacen aparecer como sicario con una pistola sembrada para ocultar el espantoso crimen de un grupo de militares.

En 2007, las muertes de Martín y Bryan Almanza Salazar, de cinco y nueve años en Tamaulipas, “son resultado del fuego directo y discrecional por parte de elementos del ejército mexicano, y no de un fuego cruzado con miembros de la delincuencia organizada como aseguraron la Secretaría de Defensa y Gobernación”, declaró el ombudsman nacional, Raúl Plascencia.
Valentina Rosendo Cantú, Minerva Nora Martínez Lázaro y Gabriela Morales Gracia son los casos de tres mujeres que fueron hasta Madrid,para denunciar agravios de militares porque aquí tienen miedo de hacerlos públicos.
Hoy todo vuelve a la memoria y la historia de nuestras fuerzas armadas se ve empañada por los señalamientos de organizaciones internacionales de derechos humanos por sus excesos en la guerra al narcotráfico.
Son historias que han ido saliendo a la luz pública, y ahora más con la Marcha del Consuelo de Javier Sicilia. No sabemos dónde más hay más abusos. Las informaciones dan por hecho la veracidad de los reportes oficiales sobre los enfrentamientos con grupos de presuntos delincuentes y las detenciones. No es posible saber más porque ni siquiera los reporteros y sus medios nacionales tienen la oportunidad siquiera de estar incrustados, como lo fueron en Irak los medios internacionales, para conocer de los hechos.
Sólo se nos informa en notas oficiales de los descabezados, ejecutados o de las víctimas de daños colaterales, como eufemísticamente les dicen a las víctimas no beligerantes en el gobierno de Calderón, algunos de ellas presentadas, en el colmo del abuso, como parte de la contienda con la siembra de armas.

¿Cuáles son las diferencias entre los gobiernos del PAN y del PRI?
Las hay, sin duda, pero son de forma y circunstancia. En 1968 el ejército salió de sus cuarteles a sofocar a sangre y fuego una supuesta “subversión comunista”, como lo habían hecho en 1958 y 1959 para reprimir a maestros y ferrocarrileros con el mismo argumento macartista para eliminar y sofocar la disidencia. Los militares se utilizaban como fuerza de represión política.
Aunque ha habido casos de expresión política cuando en 1970 los militares amenazaron con retirarse de la campaña presidencial de Luis Echeverría por ese minuto de silencio en la universidad nicolaíta por los muertos del 2 de octubre, en general su conducta ha sido caracterizada como apolítica. Desde Lázaro Cárdenas, en los gobiernos del PRI se pregonaba con firmeza ese carácter apolítico de las Fuerzas Armadas, se evitaba cualquier asomo de discurso político.

Ejército y Marina refrendaban permanentemente su lealtad y subordinación al poder civil desde los municipios hasta el Ejecutivo Federal en los casos de emergencias por desastres, contingencias sanitarias y eventualmente en situaciones de conflictos políticos. Para bien o para mal, según cada punto de vista, el poder militar se sometía al poder civil.

Antes nuestras Fuerzas Armadas pertenecían en su origen a la Revolución Mexicana. Desde Ernesto Zedillo, ese discurso fue sepultado. ¿Dónde quedó el discurso de la Revolución Mexicana en las instituciones militares cuyo origen está desde la presidencia de Venustiano Carranza?
Pero hoy al salir de sus cuarteles crean más una atmósfera de intimidación a la población que a dar certeza de seguridad pública en el país. Su presencia da terror, no calma.
Cuando salieron a las calles los verdes y los marinos con este gobierno del PAN, ya pocos se acordaban de las historias negras del ejército en Morelos, en Chihuahua, en Tlaltelolco, en la Sierra de Guerrero. Se había logrado que su nombre se identificara con fuerzas de auxilio a la población con las jornadas del Plan DNIII a los damnificados por las inundaciones; bueno, ya ni siquiera nos rondaban los rumores de saqueo de que se acusó a los verdes durante las tareas de rescate después de los sismos de septiembre de 1985 en la ciudad de México.
Dado que la transparencia no alcanza a las instituciones armadas, ignoramos lo que ocurre exactamente en los ámbitos de las Secretarías de la Defensa y de la Marina, que se piensa entre los generales y los almirantes mexicanos sobre la sucesión presidencial y sobre el curso de la guerra en la que están involucrados hasta los tuétanos.

Porque de otra forma cómo explicar el caso Hank Rhon ahora que los abogados del hijo desobediente del desaparecido profesor Carlos Hank González, han hecho públicos los videos donde se ve a los soldados ignorar los presuntos documentos que acreditaban que los guardias de la puerta de la residencia de la familia Hank tenían permisos de portación de armas. Pero sobre todo ahora que María Elvia Amaya esposa del empresario priista- indefendible e impresentable como le dicen ahora algunos colegas que se dan golpes de pecho- pone en duda la versión del ejército porque le colocaron un arma a un lado del lugar donde ella dormía.
El parte informativo refiere que cuando los militares- según la nota de El Mexicano- entraron a la recámara encontraron del lado derecho de su cama dicho fusil, incluso que estaba recostado. “El ingeniero Hank curiosamente duerme del lado izquierdo de la cama, del lado derecho duermo yo, entonces ahí está la primera irregularidad. ¿Por qué no me detuvieron a mi si el arma estaba de mi lado?”, refuta la señora Amaya.

El caso Hank Rhon se ha convertido en un auténtico nudo gordiano para el gobierno federal y para los generales y nos orilla a pensar inevitablemente que parte de nuestras Fuerzas Armadas están metidas de lleno en la sucesión presidencial como un decisivo instrumento político.
El caso del exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, es otra historia. Pareció encaminado este escándalo para acallar el de Tijuana, pero no les resultó. Era la vieja táctica priista de que un gran chisme se apaga con otro. El de Tuxtla Gutiérrez es la repetida versión del hijo que castiga al padre. Juan Sabines Guerrero le entró al juego de los caballazos.
Pero a pesar del enmudecimiento del PRI sobre el caso Hank Rhon, del golpe, decíamos la semana anterior, que fue a la quijada de Enrique Peña Nieto -ahora le buscan un ataque al corazón para provocarle un infarto a quien figura como el ungido como candidato presidencial de los priistas- los compadres del hijo del profesor Hank tendrán que salir a la palestra a pesar de su intento de tomar distancia porque no es un ataque aislado el de Tijuana a un empresario con sospechas históricas de corrupción, es parte de la furibunda guerra declarada por el gobierno de Calderón para hundirlos antes de julio del 2012.
Ya el gobernador Enrique Peña Nieto, a pocos días de la elección de Eruviel –porque no hay vuelta para atrás en el Estado de México , según las encuestas- dijo ser víctima de una campaña negra por parte de sus adversarios políticos y llegó a pedirle al presidente Felipe Calderón que exhorte a sus colaboradores a moderar sus ánimos.
El chisme videograbado exprofeso de la Casa Bijan, en Beverly Hills, donde aparece un reloj con el nombre de Peña Nieto como uno de los clientes exclusivos de esa tienda para superricos, es lo de menos; es el caso Hank Rhon, lo que les volteó la cabeza a los priistas con la cola más larga que el Paseo de la Reforma y ha colocado una bomba de tiempo en el centro del edificio del CEN priista en Insurgentes Norte, sobre todo si las pesquisas alcanzan a otros empresarios de ese partido con pruebas fehacientes o sembradas.
Se adelantó la sucesión del 2012 en el PAN, porque cómo explicar que Enrique Peña Nieto sea retado por ese personaje llamado Ernesto Cordero, quien tiene bajo su control nada menos que el dinero público, los favores y castigos del fisco y goza de la plena confianza de la familia Calderón al salir de los Pinos como candidato presidencial a retar a Peña Nieto a debatir por los míseros salarios mínimos y barriendo de antemano a Santiago Creel, que se la creyó sólo porque recibió un guiño en Los Pinos; y a Josefina Vázquez Mota que se fue a meter a las cavernas del Yunque en Guanajuato para recibir bendiciones.
Ya Rolando Cordera, en la presentación de una versión de su libro México, la disputa por la nación, ya se lo señaló a Peña Nieto, Cordero y al metiche de Ebrard: desde 1981-o sea desde el modelo neoliberal- el salario mínimo ha perdido el 70 por ciento de su poder adquisitivo.

En el dilema de Procusto
La jueza Blanca Evelia Parra Meza está en delicado dilema: hacer justicia o hacer política. En ese mismo dilema han estado la procuradora Marisela Morales Ibáñez y la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Patricia Bugarín, ambas funcionarias, una como ministerio público en Coyoacán y la otra como subprocuradora de Averiguaciones Previas durante la gestión del difunto Samuel del Villar cuando fue procurador de Cuauhtémoc Cárdenas, ahora metidas de lleno en el agua con aceite.
Las tres funcionarias judiciales están en la cama de Procusto (alias el estirador), o les cortan las piernas o se las alargan para cumplir con la medida que la justicia de una parte y otra espera de ellas, a modo o apegada a la ley sin consignas las políticas que enturbien sus tareas. Sus decisiones, para mal o bien de la nación, habrán de llegar hasta la Suprema Corte, donde la lucha política alcanza su máximo nivel.
Al ser nombrada en Abril pasado titular de la PGR, Marisela declaró que su “disciplina es la ley y mi orientación es la búsqueda de la justicia”. Eso dijo. Pero vamos a ver a la jueza Blanca Evelia Parra Meza si aplica la ley a secas, tal cual, o se va por la línea de un caso político que ha puesto en duda las trayectorias de la procuradora de Marisela Morales y de Patricia Bugarin, porque una cosa es lo que se ve y otra la que es a pesar de las filtraciones a nuestros colegas columnistas.
Ahora dicen algunos de nuestros “investigadores” colegas que el maloso de Jorge Hank financió las campañas de Moreira en Coahuila, que su avión estaba en aeropuerto de Toluca, que! Horror! ¡Tanta maldad! O sea, no le hayan no le hayan. Bueno, y lo de las armas grabadas con el nombre del hijo desobediente, llega a radionovela, bueno ni a Caridad Bravo Adams se le hubiera ocurrido lo que ya parece un dislate.
Algunos columnistas se han ido con las primeras fintas. Raymundo Riva Palacio tuvo que autocorregirse después de validar la acción de encontrar armas en la casa de los Hank y decir luego que el gobierno está en problemas con el caso Hank Rhon.
Vale la pena reproducir lo que escribió Raymundo en su columna Caso Hank: Gobierno en problemas que refuerza lo que hemos apuntado líneas atrás: “El secretario de la Defensa, Guillermo Galván, tiene dos problemas muy serios: el primero es que los soldados que irrumpieron en la casa de Jorge Hank Rhon y lo detuvieron por acopio de armas, no tenían orden de cateo; el segundo, que suplantaron en una acción irregular las funciones que corresponden normalmente a la autoridad local y en casos particulares a agentes federales. La acción militar metió al Ejército en el terreno de una nueva acción ilegal dentro de sus tareas de combate al narcotráfico, y fuera de sus funciones de salvaguardar la seguridad nacional”.
Hoy estamos en junio de 2011 a un año y menos de un mes para la elección presidencial y ya desde ahora en tiempos de destapes, el de Ernesto Cordero ya rebasó la línea. Es candidato, habla como candidato, saluda como candidato y se mueve como candidato.
Pero hoy participa un novedoso actor contemporáneo en esta disputa por nación que puede ser decisivo en la sucesión presidencial y en la corrección del rumbo nacional o la continuación del modelo macroeconómico que sigue predominando en las decisiones de la economía nacional. Ese actor fáctico son las Fuerzas Armadas. Todo el mundo político lo ve y lo escucha en los ámbitos políticos y académicos, pero nadie se atreve a plantearlo más allá de la especulación cafetera por temores y miedo. Claro, las fuerzas armadas en política es otra historia. Para abrir boca nada más vean cómo entraron a la casa de Hank Rhon los videograbados miembros de una institución armada que desde 1924 son garantes de la estabilidad pública desde la protesta presidencial de Plutarco Elías Calles.
Podrá decir misa el joven Alejandro Poiré, quien habla, piensa y actúa como su jefe, pero al asegurar que el presidente Calderón no estaba informado de la operación en Tijuana la madrugada del 4 de junio, pone en duda el ejercicio del Poder Ejecutivo del que depende el Ejército y la Marina, porque entonces bajo ese pequeño criterio: ¿quién gobierna este país? ¿Las fuerzas armadas, el general Guillermo Galván?
Poiré debe incorporar a sus mitos geniales los dos siguientes:
El presidente no estuvo enterado del caso Hank Rhon, porque no tiene que estar informado de todo y decidirlo todo.
Nuestras fuerzas armadas actúan sin orden de cateo ni de aprehensión cuando hay un delito “en fragancia”.
Y qué nos dicen nuestras altas autoridades de lo que declaró Cristina Fernández, la presidenta de Argentina, después de visitar el país hace unos días, al calificar de “brutal” violencia la que se vive en el norte de México por el narcotráfico. ¿Será otra de esos duendes que rondan en los periódicos que no respetan ese idílico periódico llamado “Balance”? Los cables de Argentina llegaron a las redacciones y en buen número de medios o se les fue la nota o la refundieron hasta la página de cines; el amorío político entre Los Pinos y la Casa Rosada a que se llegó en el Castillo de Maximiliano y Carlota fue tan efímero como una de las empalagosas historias de amor de Corín Tellado.
La represión anunciada del 10 de junio
El 10 de junio de 1971 en las escuelas y redacciones se sabía de la inminente represión de la marcha estudiantil que salió del Casco de Santo Tomás a las cinco de la tarde. Los necios fueron Manuel Marcue Pardiñas y los líderes que ahora lloran y lloran a esos muertos; porque fueron ellos mismos quienes llevaron de pechito a los manifestantes a ser reprimidos y asesinados por ese oscuro grupo paramilitar llamados “los halcones”.
La manifestación del 10 de junio se prestó para que Echeverría purgara su gabinete y mandara a su casa al poderoso líder Alfonso Martínez Domínguez, quien ocupaba la Jefatura del departamento del DF y había pretendido ser candidato presidencial en 1970.
Heberto Castillo se los dijo un día antes, “de los riesgos de la marcha y la ausencia de motivos claros que la alentaron” y advirtió “de los riesgos que corrían los manifestantes”. Ya un día antes se habían anunciado la captura, con las armas en la mano, “infraganti”, de Candelario Pacheco Gómez, José de Jesús Pérez Esqueda, Pedro Leyva Pérez, presuntos miembros del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), cuya suerte aún se desconoce a cuarenta años. En la salvaje refriega de San Cosme y Circuito Interior, diez periodistas salieron golpeados, la mayoría fotógrafos y camarógrafos.
Tampoco se hizo caso de las señales de alerta horas antes del 2 de octubre de 1968; los líderes ciegos por el protagonismo o comprados insistieron en llevar a la gente a la trampa en la plaza de las Tres Culturas para la masacre que empañó la historia del ejército y hacerle el favor a Echeverría de amarrar la candidatura presidencial. Todavía hoy esos líderes que se dicen héroes ocultan las respuestas. Esa es nuestra historia, la de los muertos de ayer y los de hoy. Hoy son cuarenta mil los que sumaron en la Universidad de Stanford.