* Solicitan, de manera específica, que se le ponga mayor atención al presunto desvío de recursos públicos del programa Prospera en Veracruz

* Señalan que se dio a conocer un audio donde el ex delegado federal de dicho programa condiciona su entrega a cambio del voto en diversos distritos

Ciudad de México., 03-jul-2016.- La Comisión Permanente exhortó a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República (PGR), para que dé continuidad a cada una de las denuncias presentadas durante el pasado proceso electoral, de manera específica en Veracruz.

Lo anterior, debido a que el pasado 3 de mayo se dio a conocer un audio en el que Raúl Zarrabal Ferat, diputado local por el Distrito XXII de Boca del Río, Veracruz, sostiene una conversación con el delegado federal del programa Prospera en el estado, Alejandro lván Baquedano Sánchez, en la que “acuerdan condicionar la entrega de apoyos del programa federal a cambio del voto en diversos distritos” de la entidad.

El dictamen busca que la Fepade investigue el presunto desvío de recursos públicos cometido por el ex delegado federal del programa Prospera en la entidad, en beneficio del candidato a la gubernatura de la “Alianza para Mejorar Veracruz”.

El documento, avalado por el Pleno de la Comisión Permanente en votación económica, precisa que la utilización de un programa de tal envergadura e importancia social como Prospera, en beneficio de un candidato, viola los principios de certeza, imparcialidad, dependencia, legalidad y objetividad que deben regir todo proceso electoral.

Asimismo, se indica que los servidores públicos de todos los niveles de gobierno están obligados a aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

Se advierte que la Ley General en materia de Delitos Electorales, establece una pena de 260 a 520 días multa y prisión de dos años siete meses a 11 años ocho meses, para el servidor público que condicione la prestación de programas gubernamentales de naturaleza social, a la emisión del sufragio en favor de un candidato, partido político o coalición.

Este programa opera a nivel nacional por medio de sus 32 delegaciones estatales y sus 232 unidades de atención regional, cuenta con una coordinación nacional, que funge como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social y que tiene como objetivo principal garantizar la acción conjunta y complementaria del programa.

Por tal motivo, es necesario que la Fepade investigue el presunto desvío de recursos públicos cometido por Baquedano Sánchez, ya que los delitos cometidos por servidores públicos no se extinguen por el hecho de haber dejado el cargo que ocupaban al momento de la comisión de la conducta delictiva, puntualiza el dictamen.