Las consejeras María Eugenia Mata García, Martha Julia Avendaño Córdova y Sara Pilar Méndez Morales, así como los consejeros Héctor Lorenzo Estrada, José Bernardo Rodríguez Alamilla, Pedro Matías Arrazola y Arturo Peimbert Calvo, coincidieron en solicitar la operación de las Salas Constitucionales y la aprobación de una Ley Estatal de Víctimas acorde a la recientemente aprobada a nivel federal.
Los consejeros se reunieron este martes en sesión pública mensual, de acuerdo lo establecido en la ley, en el auditorio de la sede de este organismo público, autónomo y ciudadanizado defensor de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca.
Otro de los acuerdos a los que llegó el Consejo Ciudadano es solicitar al Congreso del Estado que llame a comparecer al presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, José Julio Antonio Aquino, debido a que se negó a aceptar total o parcialmente la recomendación que este organismo emitió por la violación a derechos humanos de que fueron objeto un grupo de trabajadores de medios de comunicación por parte de elementos de la Policía de ese municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca de Juárez.
Además, el Consejo Ciudadano acordó también otorgar un plazo de 15 días al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez para que amplíe y puntualice sus respuestas del por qué no aceptó en su totalidad la recomendación emitida por la DDHPO en torno a la violación de derechos humanos cometida por agentes de su Policía Municipal en agravio de integrantes del grupo #YoSoy132.
A propuesta de Matías Arrazola y Rodríguez Alamilla, la DDHPO iniciará de oficio una queja por el alza al precio del pasaje del transporte urbano, con la finalidad de investigar y elaborar un informe especial sobre el asunto y determinar la posible vulneración a los derechos humanos de los usuarios de este servicio público.
Asimismo, la Defensoría solicitará información a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la situación en que se encuentra la petición que el Consejo Ciudadano hizo el 27 de diciembre de 2012, para que ese organismo ejerza su facultad de acción de inconstitucionalidad por las reformas a la Ley Federal del Trabajo.
Durante la sesión pública, Mata García entregó al titular de la DDHPO, Arturo Peimbert Calvo, el denominado Informe Ciudadano ¡Justicia Ya! Feminicidio y violencia contra las mujeres en Oaxaca, a dos años del gobierno de la alternancia 2011-2012, elaborado por el Colectivo Huaxyacac integrado por organismos civiles defensores de derechos humanos.
Peimbert Calvo precisó a su vez que el Congreso local destinó 41 millones con 41 mil pesos para que durante este ejercicio opere este organismo, por lo que se diseña un esquema administrativo para ejercer el referido presupuesto en función a las nuevas tareas y facultades que establece la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y su reglamento interno.
