* El organismo defensor envió misión de observación a la región del Istmo
Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Debido al paso de la caravana migrante por la región del Istmo de Tehuantepec, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó a diversas instituciones estatales la adopción de las medidas cautelares necesarias para brindar la ayuda humanitaria que permita salvaguardar la integridad, dignidad y derechos humanos de las y los migrantes, así como envió una misión de observación a la zona.
Explicó que activó un protocolo de atención para dar seguimiento en terreno a la caravana migrante, especialmente en lugares que están dentro de la entidad con el objetivo de documentar cualquier posible violación a sus derechos humanos, además de realizar acciones de sensibilización a las autoridades de los diferentes niveles de Gobierno para que brinden un trato humanitario.
El organismo defensor indicó que solicitó a la Secretaría de Salud que brinde atención en materia de salud y a las secretarías General de Gobierno y de Seguridad Pública de Oaxaca, la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca y a diversas autoridades municipales proporcionar atención humanitaria de urgencia.
Debido a las condiciones en las que se encuentran las personas que integran la caravana migrante requieren apoyo para cubrir necesidades básicas, por ello, es necesario que se les proporcionen alimentos, agua, sueros hidratantes, productos de aseo personal, así como atención médica y medicinas, agregó.
La Defensoría expuso su preocupación por la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes no acompañados, así como de mujeres embarazadas y lactantes, además de las personas mayores, personas con discapacidad y la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, transexual, trasvesti e intersexual, quienes son parte de la caravana migrante y se exponen a un mayor riesgo.
Ante este contexto, recordó que el Estado mexicano debe observar estrictamente su deber de protección a las personas que integran la caravana migrante, lo que también implica que el uso de la fuerza sea un recurso extraordinario y de absoluta necesidad, además en caso de hacer uso de ella sea con acorde a los principios de legalidad y proporcionalidad.
Luego de señalar que independientemente de la condición migratoria de las personas, el Estado tiene la obligación de proteger sus derechos humanos, instó a las autoridades municipales, estatales y federales a abstenerse de criminalizar la migración, pues quienes integran la caravana migrante son personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y requieren una protección acorde a su condición.
La DDHPO recordó que migrar no es un delito, sino un derecho, además que los movimientos migratorios masivos que venimos observando desde hace años son producto de las difíciles condiciones que enfrentan las personas en sus países, pues debido a la violencia generalizada, la discriminación, la pobreza y la desigualdad las personas se ven obligadas a abandonar sus lugares de origen para buscar mejores condiciones de vida.
