En necesario que el Ejecutivo pida -por la vía diplomática- al gobierno de Venezuela que informe sobre el derribo de tres aeronaves con matrícula mexicana que presuntamente transportaban sustancias ilícitas, de las cuales, desde noviembre de 2013, se ha negado a proporcionar mayores informes, según se indica en la proposición signada por los senadores Mariana Gómez del Campo Gurza, Jorge Luis Lavalle Maury y Francisco Salvador López Brito.
Los legisladores panistas recordaron que el 5 de noviembre de 2013, el jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Bolivariana de Venezuela, Vladimir Padrino López, publicó en su cuenta de twitter que el día 4 de noviembre el Comando Aéreo a su cargo detectó e interceptó una aeronave Hawker 25 con matrícula XB-MGM.
En reacción a esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado el 6 de noviembre de 2013 en el que solicitaba el esclarecimiento de los hechos en estricto apego al derecho internacional, mostrando plena disposición con las autoridades venezolanas en las indagatorias del caso.
A partir de entonces, describen los legisladores del PAN, diversos medios de comunicación han dado a conocer información sobre el avión, el nombre del propietario, la escala en el aeropuerto de Querétaro, México, y los nombres de los supuestos tripulantes. Todo ello, en un vacío de información oficial por parte de las autoridades venezolanas.
En otro reporte del 9 de diciembre del 2014, el gobierno de Venezuela informó que derribó otras dos aeronaves mexicanas por violar su espacio aéreo, presuntamente con fines de narcotráfico.
Se trató de dos mensajes firmados de nueva cuenta por Padrino López, acompañados de fotos y decían: “Una vez más nuestra defensa aeroespacial detecta, intercepta e inmoviliza aeronave que ingresó ilegalmente”; “Otra aeronave inmovilizada. Violó espacio aéreo presumiblemente con fines de narcotráfico”.
A la fecha, ese gobierno no ha mostrado ni confirmado la presunta carga ilícita que transportaban, denuncian en el punto de acuerdo.
Ante ello, los senadores del PAN exhortan al Gobierno Federal que a través de la Cancillería solicite al gobierno venezolano los registros que comprueben que se cumplieron con los procedimientos de interceptación, persuasión, inutilización e inmovilización registrados por el citado Comando Estratégico Operacional de la Defensa Aeroespacial Integral, tanto para la aeronave inhabilitada en noviembre del año 2013 como de las aeronaves interceptadas el diciembre de 2014.
Los legisladores solicitan que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes remita al Senado de la República un informe sobre los registros y los protocolos de actuación que se siguen con este tipo de vuelos privados o civiles, de manera particular, en los tres casos que nos ocupan, así como los planes para evitar que ese tipo de situaciones se repitan.
