* Exhorta Congreso al Conapred para prevenir discriminación contra víctimas de desplazamiento interno forzado

Ciudad de México.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo un llamado a los poderes Judiciales de los 32 estados del país, para que garanticen una correcta impartición de justicia, rigurosa y equitativa, y apliquen con firmeza las sanciones establecidas en la Ley para las personas que sean encontradas culpables del delito de feminicidio.

Se trata de un Dictamen, en el que se considera al feminicidio como la forma más extrema de violencia contra la mujer y, por tanto, representa una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el periodo comprendido del mes de enero a junio de 2024, entidades federativas como Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Veracruz cuentan con un elevado número de casos de feminicidios, al menos el 40 por ciento del total nacional.

Para hablar sobre esta propuesta, el senador Navor Alberto Rojas Mancera destacó que las fiscalías Generales deben garantizar un trámite dinámico, justo y transparente sobre cada una de las carpetas de investigación, para que, de manera objetiva, cuenten con los elementos necesarios para una correcta impartición de justicia.

La diputada de Morena, Marisol García Segura, lamentó que el Poder Judicial se haya convertido en un “ente encubridor de delincuentes, pederastas y torturadores”, como quedó demostrado con la reciente determinación de dar cárcel domiciliaria al ex gobernador de Puebla, Mario Marín Torres; “debemos desterrar ese pasado de corrupción y a limpiar a este Poder Judicial”, insistió.

Además, la Comisión Permanente solicitó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) que diseñe y promueva políticas que atiendan las necesidades de las víctimas de desplazamiento interno.

En el documento avalado se explica que el desplazamiento interno forzado, es la situación en la que las personas o grupos de personas se han visto forzadas u obligadas, de manera expresa o indirecta, a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual.

Principalmente, para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia, de violaciones de derechos humanos, de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida.

Este desplazamiento, se lee en el documento, afecta a miles de personas en distintos lugares del mundo, al trastocar sus formas de vida, al verse obligados a dejar de manera imperiosa sus hogares, pertenencias y actividades cotidianas.

Al respecto, Navor Alberto Rojas Mancera, senador y presidente de la Primera Comisión de la Permanente, destacó que esta propuesta garantiza a todas aquellas personas víctimas de desplazamiento al interior del país, que no sean “doblemente vulneradas en su esfera jurídica a través de un trato desigual o discriminatorio”.

A su vez, el diputado del Partido Acción Nacional, Enrique Godínez del Río, recordó que en varias partes del país ocurren situaciones que obligan a las personas a abandonar sus comunidades, como las extorsiones que actualmente sufren los limoneros de Michoacán, asunto por el que solicitó al Ejecutivo Federal y al Gobierno de esa entidad a poner más énfasis para resolverlo.