* Urgen a evitar retrasos en la búsqueda de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, para impedir la muerte de inocentes

Ciudad de México.- Autoridades federales, estatales y municipales deben actualizar el mecanismo de coordinación y cooperación para la aplicación del Protocolo Nacional Alerta AMBER, a fin de que al momento de recibir denuncias por desaparición de niñas, niños y adolescentes, el aviso de riesgo se active de inmediato y sin dilaciones, junto con los números de emergencia como el 911, y previa evaluación de cada caso, solicitaron las y los legisladores de la Comisión Permanente.

La Segunda Comisión (Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública) analizó y elaboró un dictamen con punto de acuerdo con casos relacionados de robo de menores de edad y concluyó que se deben evitar retrasos para la búsqueda e investigación correspondientes.

Una de las propuestas analizadas, fue la presentada, el pasado 8 de agosto, por las diputadas federales del Partido Acción Nacional, Ximena Tamariz García y Kathia María Bolio Pinelo, en la que dieron cuenta de la desaparición de la menor de edad Ana Lizbeth Polina Ramírez, de ocho años de edad, en el estado de Nuevo León.

El caso se registró el domingo 15 de julio del 2018, cuando la niña fue raptada por un hombre desconocido, en la colonia Vistas del Río, en inmediaciones de las oficinas de la ruta de autobuses 572, lugar en el que laboraba su madre.

El fiscal general de esa entidad, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, informó que el rapto de la menor ocurrió alrededor de las 19:00 horas de ese día, y refirió que de acuerdo con videos de seguridad, Ana Lizbeth, estaba jugando afuera de las oficinas señaladas cuando un hombre adulto la abordó.

La cronología de la búsqueda e investigación del caso fue publicada por un medio informativo de circulación nacional, donde quedó registrado que el reporte por la desaparición de Polina Ramírez, se realizó a las 23:00 horas del día referido y por medio del número de emergencias 911.

Fue hasta la mañana del lunes 16 de julio, es decir, al día siguiente del hecho, que la madre de Ana Lizbeth, acudió al Centro de Orientación y Denuncia (CODE) del municipio de Juárez, desde donde se notificó a la Fiscalía General del Estado la desaparición de la niña, y que a las 09:00 horas se emitió la Alerta AMBER, al considerar el riesgo inminente que corría la vida de la menor.

Lamentablemente, el martes 17 del mismo mes, se localizó sin vida el cuerpo de una niña en un lote baldío ubicado en la misma colonia donde ocurrió el rapto de Ana Lizbeth.

Guerrero Gutiérrez informó, el día 18, que estudios científicos realizados por el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, en apoyo a la Agencia Estatal de Investigaciones, permitieron confirmar que el cadáver correspondía al de la niña Ana Lizbeth, y también se determinó que la causa de su muerte fue asfixia por sofocación.

El funcionario agregó que el asesinato de la niña habría ocurrido el domingo por la noche, luego que su desaparición se registró alrededor de las 19:00 horas de ese mismo día.

El mismo miércoles 18, un juez giró una orden de aprehensión contra Juan Fernando “N”, de 37 años de edad, como presunto responsable de la desaparición y asesinato de Ana Lizbeth. Y durante la madrugada del jueves 19 de julio pasado, el ex policía y principal sospechoso del rapto, fue detenido e ingresado al Penal de Topo Chico, Nuevo León.

Con base en la narración de ese caso, los legisladores determinaron que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben actuar total y absolutamente rápido en los casos de rapto de menores de edad, para evitar, prevenir o impedir al máximo la muerte de inocentes, para lo cual es urgente revisar y actualizar el esquema de coordinación y cooperación para la aplicación de la Alerta AMBER, junto con todos los números de emergencia, como es el 911.

El dictamen fue aprobado por el Pleno en votación económica y la presidencia de la Mesa Directiva ordenó su comunicación a las autoridades correspondientes.