México, DF., 23-ene-2015.- La senadora Dolores Padierna Luna presentó un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte al procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, a abrir una línea de investigación respecto de los hechos ocurridos en Tlatlaya y Ayotzinapa ya que podrían estar vinculados, toda vez que hay indicios sobre la presencia de un mismo grupo delincuencial.

La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado de la República planteó además que la Comisión Permanente exhorte a la Procuraduría General de la República (PGR) a agotar todas las líneas de investigación existentes y aquéllas que deriven de la información proporcionada por medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.

“La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a que, a partir del seguimiento de la recomendación 51/2014 y de la información descubierta hasta el momento se valore la expedición de una nueva recomendación que permita atender los hechos ocurridos en Tlatlaya bajo la nueva clasificación de violaciones graves a derechos humanos y ahonden en la atención de las víctimas”, añadió.

A consideración de la legisladora perredista México sufre una grave crisis en materia de seguridad y de derechos humanos, que se ha recrudecido ante una equivocada política de combate a la delincuencia y de atención a los problemas sociales.

“Las y los mexicanos han levantado la voz en reiteradas ocasiones para exigir un alto a esta situación y clamar por un nuevo rumbo en todo el país. Los representantes del Estado debemos ser sensibles a estas voces y tomar las decisiones que permitan garantizar el bien de todas y todos”, subrayó.

Consideró que en nuestra memoria deben de seguir presentes los hechos ocurridos hace más de seis meses en Tlatlaya, Estado de México, donde 22 personas fueron muertas por el Ejército, a modo de una ejecución extrajudicial.

En este caso, la respuesta del Estado fue inadecuada al intentar engañar sobre los hechos para mantener una buena percepción del país. En ese caso, al llegar la Procuraduría estatal, no se preservó el lugar de los hechos e incluso se mantuvo la versión de que las muertes habían sido provocadas por un “enfrentamiento” entre soldados y una presunta banda de secuestradores y narcotraficantes pertenecientes al cártel de los Guerreros Unidos.

Estos hechos sólo salieron a la luz cuando la prensa internacional informó el 11 de julio que las 22 personas fueron ejecutadas por el ejército y que no fallecieron durante un enfrentamiento.

“Cabe advertir que en agosto de 2008 ocurrió una matanza similar en ese municipio, donde murieron al menos 23 personas, incluyendo a varios menores. Según el relato de Miguel Ángel Granados Chapa, horas después de la masacre, elementos del ejército recogieron los casquillos de las AR-15 y AK-47 y limpiaron la escena del crimen. Los soldados despojaron a los lugareños de sus celulares y los amenazaron: si denunciaban, sufrirían las consecuencias. Con ello se logró evitar la investigación de los lamentables hechos de 2008 y lograr que tan sólo algunas organizaciones tuvieran registro de lo sucedido”, recordó.

Padierna Luna refirió que horas antes de que la PGR pretendiera darle un nuevo giro al caso de Tlatlaya, se detonó otra crisis de seguridad pública de dimensiones inimaginables. El 26 y 27 de septiembre de 2014, en el municipio de Iguala, Guerrero, ante la presencia del 27 batallón de infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional, fueron asesinados seis jóvenes y secuestrados 43 normalistas del municipio de Ayotzinapa, Guerrero.

“Desde entonces, para muchos observadores nacionales e internacionales había una conexión entre la matanza de Tlatlaya y los hechos en Iguala. El vínculo más claro entre ambos sucesos trágicos está en la presencia del cártel de los Guerreros Unidos en Tlatlaya e Iguala, así como su presunta capacidad de corrupción de los cuerpos policiacos y de los elementos del 27 Batallón de Infantería”, concluyó.