Por Ángeles Mariscal
Selva Lacandona.- Integrantes de la Comunidad de Bienes Comunales Zona Lacandona exigieron la nulidad del convenio que permite desde hace dos décadas la ocupación de los centros Estación Tzendales y Estación Biológica Chajul, a organizaciones de empresarios y grupos lidereados por Julia Carabias, quienes realizan bioprospección y buscan mantener el control de los recursos ambientales en la Selva Lacandona.
La demanda la realizaron poco más del 80 por ciento de la población que conforma los Bienes Comunales de la Comunidad Zona Lacandona, quienes habitan en los centros poblacionales Nueva Palestina y Frontera Corozal.
Estos grupos ya poblaban la selva cuando en 1971 el gobierno federal entregó las más de 600 mil hectáreas de esta región a 66 familias lacandonas.
Su negativa a ser expulsados de la región les permitió ser reconocidos como parte de la Comunidad Lacandona, sin embargo les restringieron el derecho a ser nombrados como presidentes de la comunidad.
40 años después, estos grupos de origen tzeltal y chol hicieron prevalecer su mayoría y nombraron a Emilio Bolom Gómez como nuevo presidente de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona.
A esta acción que se llevó a cabo el 15 de mayo pasado, se oponen las organizaciones que tienen millonarias inversiones en proyectos operados principalmente por Julia Carabias; también el gobierno de Chiapas y un grupo de lacandones.
En este marco, de acuerdo a la denuncia de los tzeltales y choles, el gobierno estatal inició procesos penales contra los asesores y líderes del movimiento.
Uno de ellos es Gabriel Montoya, a quien policías estatales detuvieron el pasado 14 de mayo, por el presunto delito de haber participado en la toma de la alcaldía de Altamirano, hechos sucedidos hace 13 años, según reconoció la Procuraduría de Justicia en un comunicado.
En protesta por esta acción, comuneros mantienen desde el pasado 15 de mayo una manifestación en el crucero que conduce a la comunidad Nueva Palestina en la zona lacandona.
Los indígenas dieron a conocer una denuncia pública donde narran los hechos, y acusan a Julia Carabias de desestabilizar la zona y dividir a las comunidades. En el documento exigen se nulifique el convenio donde los lacandones le permiten seguir operando en la Selva.
