México, DF., 31-oct-2015.- El senador panista Martín Orozco Sandoval presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades de los tres niveles de gobierno a dar cumplimiento a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

Pidió a las secretarías de Salud; del Trabajo y Previsión Social; de Educación; de Comunicaciones y Trasportes; y de Desarrollo Social, así como a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte que, en concordancia a lo dispuesto por la ley en la materia, ejecuten y evalúen los programas a que se encuentran obligadas.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) indicó de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en 2010, 5.7 millones de personas padecían alguna discapacidad, cifra que equivale a 5.1 por ciento de la población total en México.

Agregó que en 2012, en el país existían 31.5 millones de hogares y que de ellos 6.1 millones reportaron al menos una persona con discapacidad, es decir, 19 de cada 100 hogares.

“La población con discapacidad en el país está formada principalmente por adultos mayores, esto es, personas de 60 años y más, así como adultos entre los 30 y los 59 años”, detalló.

Destacó que el 58 por ciento de dichas personas tienen limitaciones para moverse, y después siguen las que tienen incapacidad para ver, oír, trastornos mentales, del habla o de comunicación, así como complicaciones para el autocuidado personal.

Por ello, apuntó, es necesario que se establezcan estrategias y se ejecuten acciones en los tres niveles de gobierno con el propósito de contar con diagnósticos y estadísticas que sean publicados de forma periódica y trasparente, asumiendo compromisos para actualizar o elaborar normas regulatorias.

Se requiere lograr un entorno físico o social accesible, adoptando medidas y ajustes razonables para eliminar y erradicar los obstáculos en instalaciones públicas y privadas, y con el apoyo del INEGI cuantificar e identificar los espacios públicos que incumplen con las reglas de accesibilidad, refirió.

Por ejemplo, en el caso de –su entidad–, Aguascalientes, el legislador sostuvo que se necesita que se publiquen, difundan, ejecuten y evalúen los programas en la materia con reglas claras y trasparentes de operación, que se pongan en marcha por las dependencias de los tres niveles de gobierno en el respectivo ámbito de sus competencias.

“No se puede hablar de programas de desarrollo social e inclusión de personas con discapacidad, sino que es necesario que cada una de las secretarías obligadas en la ley, por conducto de las delegaciones federales en Aguascalientes, diseñen, difundan, ejecuten y evalúen los programas nacionales y faciliten el acceso a los mismos”, subrayó.

De este modo, expuso Orozco Sandoval, es indispensable que se incorporen los derechos de dicho sector de la sociedad en los programas o acciones de la administración pública.

“Para lo anterior es invaluable la participación de los sectores gubernamental, económico y de la sociedad civil para que las personas con discapacidad no sólo tengan acceso al empleo formal, sino también al autoempleo, vía la generación de microempresas, a través de financiamientos públicos que sean ofrecidos con facilidades reales, bajo reglas de operación transparentes y viables y con recursos significativos”, concluyó.

La propuesta se turnó a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para su análisis y dictaminación.