* Desde el pasado 18 de octubre, la defensora de derechos humanos se encuentra interna, acusada de ataques a las vías generales de comunicación

Ciudad de México.- La senadora Martha Guerrero Sánchez hizo un llamado para que, en el caso penal de la activista Kenia Inés Hernández Montalván, privada de su libertad por ataques a las vías generales de comunicación, se apliquen medios alternativos de solución de controversias.

La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena enlistó un Punto de Acuerdo para que el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial del Estado de Morelos, así como el titular de Caminos y Puentes Federales (Capufe), revisen el caso con un enfoque de justicia alternativa.

Consideró que existe la viabilidad jurídica para que Hernández Montalván solicite un acuerdo reparatorio con Capufe, quien representa a la parte ofendida en el proceso, “toda vez que, en un Estado de Derecho, la Ley no puede aplicarse de forma diferenciada dependiendo la condición económica, social o política de la persona”.

La activista es una mujer indígena amuzga, defensora de los derechos humanos, originaria del municipio de Xochistlahuaca, Guerrero. Impulsó la Ley 701, que otorga marco legal a las comunidades indígenas para hacerse cargo de su seguridad y sus sistemas de justicia.

Además, fue fundadora de colectivos como el Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero y el Colectivo Libertario Zapata Vive, así como defensora por la libertad de los 16 presos políticos del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa la Parota.

Desde el 18 de octubre del 2021, Kenia Inés se encuentra interna en el Centro Federal Femenil de Readaptación Social de Morelos, acusada de ataques a las vías generales de comunicación.

Sin embargo, acotó la senadora, en la legislación penal no se considera a este delito como de alto impacto, por lo cual, de acuerdo a la misma normatividad existe posibilidad de proponer mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Guerrero Sánchez explicó que con estos mecanismos se puede poner fin al conflicto penal de manera pronta, hacer más expedita la procuración de justicia con la reparación del daño, sin tener que llevar procesos largos y desgastantes tanto para la víctima como para el imputado.

Se trata, enfatizó, de un derecho al que se puede apegar cualquier persona, sin condiciones discriminatorias, por su condición política y social.

Con este instrumento, se pueden brindar medios alternativos a personas en situación de vulnerabilidad, para que tengan a su alcance la justicia mediante el diálogo, economía procesal y confidencialidad, asentó la legisladora.