* El Punto de Acuerdo fue suscrito por senadores de todos los partidos y fue aprobado de urgente y obvia resolución

Ciudad de México.- El Senado de la República exhortó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua a investigar un desvío de recursos del municipio de Juárez, para financiar las actividades proselitistas de la planilla de candidatos independientes al cargo de miembros de dicho Ayuntamiento, encabezado por Héctor Armando Cabada Alvídrez.

El Instituto Estatal Electoral y el Ayuntamiento, de acuerdo con la propuesta, deberán establecer los mecanismos institucionales para blindar los recursos materiales y humanos de dicho municipio, a fin de prevenir su uso con fines electorales durante el proceso electoral local y federal 2018.

El punto de acuerdo aprobado en votación económica, fue suscrito por 94 senadoras y senadores de la República de todos los grupos parlamentarios y, previamente, fue considerado de urgente y obvia resolución.

En la proposición se expone que el pasado 19 de marzo, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua dictaminó que las y los ciudadanos de la planilla encabezada por Cabada Alvídrez cumplen con los requisitos formales exigidos por la Constitución Política del Estado, así como con los porcentajes de apoyo ciudadano, general y por sección, requerido por la normatividad aplicable.

Se subraya que es necesario precisar que con el arranque de las campañas federales y hasta el día de la jornada electoral del próximo 1 de julio se prevenga el presunto desvío de recursos públicos del Ayuntamiento de Ciudad Juárez para financiar las aspiraciones políticas de la planilla encabezada por Cabada Alvídrez.

Desde su posición de poder en el Ayuntamiento, Cabada Alvídrez construyó una red de apoyo a los aspirantes y ahora candidatos “independientes” a diputados federales en los cuatro distritos con cabecera en Ciudad Juárez, situación que replicó para los nueve diputados locales y síndico, a la par de su aspiración personal, según señala el punto de acuerdo.

Agrega que la administración de Cabada Alvídrez, ha sido cuestionada por su gasto excesivo en publicidad gubernamental, violentando el artículo 134 constitucional, así como la normativa en la materia electoral y, que de acuerdo con los promoventes, pone en evidencia que su prioridad no es ofrecer mejores servicios públicos a los ciudadanos, sino promocionar su imagen de cara a su aspiración de reelegirse.

Todo ello, agregan, en su afán de conformar un partido político sustentado en mecanismos engañosos del espíritu de las candidaturas independientes.

Por otra parte, se expone que en cinco días Cabada Alvídrez consiguió 33 mil 40 firmas para contar con los apoyos necesarios para poder postularse a la reelección de la presidencia municipal de Ciudad Juárez.

“Por día consiguieron alrededor de seis mil 608 firmas, situación que sólo es posible con un amplio despliegue de recursos humanos y materiales”, detalla el texto. A esto, se debe agregar el apoyo del canal de televisión perteneciente a su familia, que resulta en una violación flagrante a las disposiciones que rigen las concesiones de medios de comunicación.

Esta situación, refuerza diversos señalamientos de medios de comunicación, que han sido amedrentados, ya que consideran que las aspiraciones políticas de la planilla encabezada por Cabada Alvídrez se está financiando con recursos del municipio de Ciudad Juárez.

Adicionalmente, se precisa que las acciones realizadas por el presidente municipal de Juárez, Chihuahua, encuadra en lo contemplado en la fracción III del artículo 11 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales que prevé imponer de 200 a 400 días multa y prisión de dos a nueve años, al servidor público que destine, utilice o permita la utilización, de manera ilegal de fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo o al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por el delito de peculado.