* Mi propuesta busca modificar los artículos 4, 18 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social: González González

* Explicó que su reforma busca reconocer legalmente a actores sociales y comunitarios como sujetos del desarrollo

Ciudad de México.- Con el propósito de ampliar la definición de actores sociales y comunitarios y reconocerlos como sujetos legítimos dentro del proceso de desarrollo social, la diputada Federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI), Ana González González, presentó una Iniciativa para reformar los artículos 4, 18 y 36 de la Ley General de Desarrollo Social.

La legisladora Federal por el estado de Nuevo León explicó que esta inclusión es esencial para garantizar que las voces y necesidades de las distintas comunidades sean tomadas en cuenta en la formulación de políticas públicas, promoviendo un enfoque más participativo e incluyente en la gestión del desarrollo social.

Al presentar su propuesta, subrayó que también se busca establecer mecanismos que faciliten la participación efectiva de estos actores en las etapas de planeación, ejecución y evaluación de los programas sociales.

Destacó que la implementación de dichos mecanismos no sólo fortalecerá la transparencia y la rendición de cuentas, sino que permitirá que las evaluaciones comunitarias se conviertan en insumos técnicos valiosos para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con ello, se pretende consolidar un entorno donde la colaboración y el diálogo entre Gobierno y ciudadanía sean pilares fundamentales para el éxito de las políticas de desarrollo.

“La aprobación de esta Iniciativa permitirá fortalecer la cohesión social mediante la reconstrucción del tejido comunitario y la restauración de la confianza en las instituciones. Esperamos que los programas sociales adquieran una mayor relevancia cultural, territorial y poblacional, lo que facilitará que las acciones se alineen de manera más precisa con las necesidades y características de cada comunidad”, señaló.

González González agregó que este enfoque personalizado no sólo propiciará una conexión más efectiva entre los beneficiarios y los programas, sino que también fomentará un sentido de pertenencia y apropiación por parte de la población, elemento clave para el éxito sostenible de estas intervenciones.

Asimismo, anticipó un fortalecimiento significativo de la cohesión social y de la resiliencia comunitaria, factores esenciales para enfrentar desafíos y crisis, lo que contribuirá a posicionar a México como un país que valora y promueve la participación ciudadana y el desarrollo inclusivo.

Las comunidades no deben ser vistas únicamente como receptoras de beneficios, sino como agentes activos en la construcción de su propio bienestar. Este enfoque, dijo, subraya la importancia de su participación en la creación de políticas que inciden directamente en su calidad de vida.

El reconocimiento legal de las organizaciones comunitarias impulsa la democratización de la política social y contribuye a una mayor equidad territorial. “Este reconocimiento no sólo valida el esfuerzo y la voz de las comunidades, sino que también establece un marco para que influyan en las decisiones que les afectan”, afirmó.

La diputada Federal sostuvo que garantizar el derecho de las comunidades a participar en los procesos de toma de decisiones es fundamental para promover un desarrollo más inclusivo y sostenible. La participación activa de estas organizaciones en la formulación de políticas, añadió, no sólo enriquece el debate social, sino que asegura que las soluciones propuestas sean más pertinentes y efectivas.