Ciudad de México.- Enrique Alfaro Ramírez ha impuesto un “Gobierno de terror” en la entidad justificándose con la pandemia de Coronavirus y las violaciones graves a los derechos humanos se han convertido en una constante, por ello el senador Salomón Jara Cruz consideró que el gobernador de Jalisco podría ser sujeto de un juicio político.

La tortura y asesinato del joven Giovanni López a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos es la gota que ha derramado el vaso, “los abusos policiales se multiplicaron desde que el gobernador impuso un toque de queda bajo el argumento que busca proteger la vida de las y los jaliscienses”, recriminó el legislador del partido Morena.

Explicó que dado que el gobernador de Jalisco legitima y justifica el uso de la fuerza pública para imponer medidas de control sanitario, la investigación que realiza la Fiscalía Estatal de Jalisco del homicidio de Giovanni López carece de confiablidad, “por ello solicitaré que la Fiscalía General de la República ejerza su facultad de atracción en este lamentable caso”.

Jara Cruz añadió que la investigación debe determinar la responsabilidad de los presidentes municipales de Ixtlahuacan de los Membrillos y de Tala, en donde se ha documentado el uso excesivo de la fuerza pública en el marco de la utilización obligatoria de cubre bocas en espacios públicos en la entidad.

Señaló que Jalisco no es la única entidad en donde se han impuesto medidas punitivas que son claramente violatorias de los derechos humanos, “en Cadereyta, municipio de Querétaro, policías sometieron a una mujer de la tercera edad por no usar cubre boca; y en Guanajuato ha ocurrido lo mismo”, añadió.

Por lo anterior, solicitará la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a fin de que analice y determine el alcance de las afectaciones en las entidades en donde se ha restringido el ejercicio de los derechos humanos.

“Estos gobernadores de oposición actúan como verdaderos virreyes, que amenazan a la Federación con abandonar el pacto fiscal, ignoran el Decreto de Emergencia Sanitaria y las facultades que otorga al Gobierno Federal e imponen sus leyes aunque contravengan la legislación federal. Esta situación no puede continuar y el Congreso debe asumir sus responsabilidades para garantizar los derechos humanos y la integridad de la República”, finalizó Jara Cruz.