México DF.- El gobierno de México firma acuerdos para por primera vez reparar daños a víctimas de delitos, donde se cometieron actos de omisión por parte de las autoridades, lo que privilegia el diálogo y la concertación con los afectados.
Los dos casos los se tramitan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): el primero de ellos es el de Paloma Angélica Escobar Ledezma, quien en 2002, con 16 años de edad, desapareció y fue encontrada sin vida en una carretera cercana a la ciudad de Chihuahua.
Casi siete años después de iniciado el trámite del caso, la CIDH encontró acreditada la responsabilidad internacional del Estado mexicano por violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El segundo es el de Irineo Martínez Torres y Candelario Martínez Damián, indígenas purépechas, que alegaron faltas al debido proceso por no haber sido asistidos por intérpretes durante un juicio, seguido en su contra en el que fueron encontrados responsables penalmente y condenados a penas privativas de libertad.
La CIDH, después de 14 años de trámite, admitió el asunto para iniciar su análisis sobre el fondo del caso.
Diversas instituciones del Gobierno Federal, así como de los gobiernos de Chihuahua y Michoacán emprendieron una serie de gestiones que no sólo hicieron posible acuerdos entre las partes para su solución.
Po lo que por primera vez, como ocurrirá en el caso de los señores Martínez Torres y Martínez Damián, la reparación del daño comprenderá medidas que beneficiarán a toda la comunidad purépecha michoacana.
El Gobierno de México agradece el acompañamiento de la Comisión Interamericana para la solución de estos asuntos, particularmente el brindado por su Secretario Ejecutivo, Doctor Santiago Cantón, y ratifica su pleno compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Lo anterior lo informó la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Gobernación en comunicado de medios difundido este jueves.