México, DF.- Camerino Eleazar Márquez, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Instituto Federal Electoral presentó ante el Consejo General de dicha instancia una queja por financiamiento encubierto a la campaña electoral del candidato de la coalición “Compromiso por México”, Enrique Peña Nieto.
Luego de que su equipo fuera denunciado por fraude a las empresas Frontera Televisión Networks (FTN) e Intelimedia, S. A. de C. V, para encubrir la obtención, transferencia y manejo de fondos financieros en favor del mexiquense, el empresario José Aquino señalo que el fraude implica recursos por 56 millones de dólares obtenidos de recursos públicos del Estado de México y empresas mercantiles como el Consejo de Porcicultores Mexicanos, A. C.; las compañías mexicanas GM Global Media, Jiramos y la sociedad civil Servicios Integrales al Sector Agropecuario (SISA).
Por ello Eleazar Márquez demandó a la autoridad electoral que no vaya a dar los informes después de concluido el proceso, por las consecuencias políticas que esto traería, advirtió la necesidad de que el IFE dé premura a las investigaciones, y deje a un lado la actitud pasiva u omisa en torno a las diversas denuncias que se han presentado con relación a los recursos empleados en la campaña de Peña Nieto.
“Estamos a escasos días de que cierre el proceso de campañas y el IFE no ha dado a conocer ningún avance preliminar de las denuncias que hemos interpuesto por los excesivos gastos de campaña de Peña Nieto a pesar de que nuestra primera denuncia fue desde hace más de un mes, específicamente, el 26 de abril y que se han ido enriqueciendo con más pruebas”, expuso.
Camerino Eleazar convocó, a la unidad de fiscalización del IFE, que investigue la obtención de financiamiento ilícito denunciado por José Aquino, que ya es objeto de una investigación desde la Unión Americana- al tiempo de censurar que la codicia de poder del PRI y su candidato haya llegado hasta estos niveles de infringir la Constitución y las leyes vigentes en materia electoral.
“Ese aparente contrato de campaña en el extranjero por 56 millones de dólares, dijo, equivalen a más de 800 millones de pesos, lo que implicaría más del doble del tope de gastos de campaña para el cargo de Presidente de la República, de los cuales se desconoce el origen y destino exacto, pero explica el dispendio de propaganda, promocionales y artículos utilitarios, así como el pago de personal y estructura que se encuentra desplegando el PRI, recursos que hasta el momento se sustraen de la fiscalización del IFE.
