En un documento suscrito por las consejeras María Eugenia Mata García, Martha Julia Avendaño Córdova, Sara Pilar Méndez Morales, así como por los consejeros José Bernardo Rodríguez Alamilla, Pedro Matías Arrazola, Héctor Lorenzo Estrada y por el consejero presidente Arturo Peimbert Calvo, explican que el pasado 13 de junio durante la Segunda Sesión Regional Ordinaria del Consejo Ciudadano realizada en Puerto Escondido, recibieron diversas denuncias.
Las denuncias van en el sentido que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hostiga a habitantes de 42 comunidades que decidieron negar su consentimiento para la continuación de los trabajos de construcción de la presa previsto sobre el Río Verde.
Durante la sesión integrantes de las comunidades denunciaron que la paraestatal engañó a las comunidades al ocultar las consecuencias reales que la obra tendrá en las tres mil cien hectáreas que abarca, pues producirá desplazamiento de personas lo que representa graves riesgos de agravios a los derechos de los pueblos chatinos, mixtecos, zapotecos y afromestizos que habitan la zona.
En su pronunciamiento, el Consejo Ciudadano señaló que también se afectaría incluso a las y los indígenas no desplazados, pues el proyecto generaría transformaciones ambientales que implicarían daños a los recursos de los que depende la economía y la sobrevivencia física de las poblaciones asentadas en el área.
Además, la construcción perjudicaría el flujo de agua dulce al Parque Nacional Lagunas de Chacahua poniendo en riesgo el entorno natural y los servicios ambientales que esa zona presta a la región y a la humanidad.
Aun cuando el proyecto de la presa hidroeléctrica “Paso de la Reina” es de índole federal, el Consejo Ciudadano considera importante que los gobiernos municipales y el gobierno del estado de Oaxaca, mediante la acción coordinada de sus tres poderes se involucren en el tema para que promuevan, protejan y garanticen los derechos humanos de la población.
Manifestaron que el proyecto de esta presa hidroeléctrica es una muestra de cómo diversos megaproyectos relacionados con la generación de energía y la explotación de los recursos naturales son puestos en marcha sin tomar en cuenta los derechos humanos, tanto individuales como colectivos de los pueblos indígenas.
Las y los integrantes del Consejo Ciudadano informaron que la DDHPO investigará estas quejas y desde su espacio de acción vigilará y tomará las medidas correspondientes para proteger los derechos fundamentales de las personas y los pueblos de la Costa de Oaxaca como le corresponde al ser la instancia rectora del organismo público estatal para la defensa y promoción de los derechos humanos.
