* Recomendaciones generales e informes especiales en materia de niñez y adolescencia
* 30 de abril, Día de la Niñez, ocasión propicia para reflexionar sobre corresponsabilidad del Estado, familias y sociedad sobre la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes
Ciudad de México.- En el marco del Día de la Niñez en México, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presentó el Estudio sobre el impacto y cumplimiento de las Recomendaciones Generales e Informes Especiales en materia de niñas, niños y adolescentes emitidos del 2001 al 2017, primer tomo de una colección de 11 investigaciones, cuya elaboración se realizó en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Durante su intervención, señaló que la tarea de la CNDH no concluye al emitir una Recomendación o presentar un Informe Especial; se necesita que los planteamientos y propuestas se atiendan para generar un entorno más respetuoso de la dignidad humana, que se dé a las víctimas atención y respuestas óptimas, y que se prevenga la no repetición de hechos violatorios de derechos.
Afirmó que evaluar el impacto de instrumentos en esa materia, obedece a que, muchas veces, el acceso y ejercicio de los derechos de las personas menores de edad se ve limitado porque la sociedad los considera “objetos de protección” en lugar de titulares de derechos, excluyéndolos de la participación y toma de decisiones, e incluso justificando inadecuadamente la violencia que se ejerce en su contra.
Como ejemplo de ello, apuntó que de acuerdo con cifras del INEGI y CONEVAL, 74.4 por ciento de niñas, niños y adolescentes del país padece una o más carencias sociales, 89.6 por ciento de ellas y ellos que trabaja, realiza actividades económicas no permitidas; 810 mil 793 adolescentes y mujeres jóvenes de 15 años y más, sufrieron alguna forma de violencia sexual en el ámbito escolar, y 20 por ciento de estudiantes de 15 a 16 años declaró sufrir acoso escolar más de una vez al mes.
Al presentar el primero de 11 Estudios, González Pérez señaló que el documento constituye un diagnóstico y evaluación propositiva que servirá como hoja de ruta para la actuación de la CNDH y para establecer actividades concretas que favorezcan a ese grupo poblacional, y a la protección del interés superior de la niñez y adolescencia.
Subrayó que de la variedad y heterogeneidad en las respuestas que emitieron las autoridades a los documentos de la CNDH, y alta correspondencia entre la problemática y la acción emprendida se advirtió que el tiempo y el tipo de problemas inciden determinantemente en el cumplimiento de los puntos recomendatorios de los documentos analizados, y que la influencia y seguimiento de las organizaciones de la sociedad civil han sido fundamentales para el avance en su implementación, puesto que, cuando se hacen peticiones, diagnósticos y se impulsa la realización de puntos recomendatorios, las respuestas de las autoridades han sido más sólidas.
Destacó la necesidad de incorporar en la agenda pública de los derechos humanos la asignación presupuestaria y la necesidad de recursos materiales y factor humano suficientes e idóneos para que las personas menores de edad reciban atención adecuada, diferenciada según sus características personales; cercana, sensible y respetuosa de la situación que enfrentan; empoderarlas como titulares de derechos con capacidad de ser agentes sociales de cambio y exigir su cumplimiento.
Ismael Eslava, primer visitador General de la CNDH, explicó que el estudio parte de un marco conceptual relativo a la evolución de la sociología de la infancia, el cual aporta una perspectiva más integral de los temas que en dichos Instrumentos se abordan.
Y a través de una metodología que consideró variables cuantitativas y cualitativas fue posible revisar y evaluar su estructura y contenido, así como el impacto que han tenido en el trabajo de las autoridades a quienes se dirigen, en la sociedad en general, y particularmente, en la vida de las y los titulares de los derechos.
Indicó que de los 133 puntos recomendatorios y propuestas que se incluyen en las Recomendaciones Generales e Informes Especiales en materia de niñas, niños y adolescentes, las autoridades han dado algún tipo de cumplimiento a 53 por ciento de ellas, lo cual supone un nivel de cumplimiento medio, en términos generales, y subrayó siete puntos relevantes derivados del informe:
Incorporar las aportaciones de otras disciplinas para un mayor sustento y efectividad de las recomendaciones y propuestas; insuficiencia en el cumplimiento de las Recomendaciones Generales e Informes Especiales; generación de mecanismos para hacer efectivo el marco jurídico en materia de derechos de la niñez y adolescencia; necesaria acción transversal de la administración pública para la atención de los problemas que afectan a la niñez y adolescencia.
Enfatizar en los “Instrumentos de Posicionamiento” el contenido y señalamientos específicos de las autoridades involucradas en su atención; fortalecimiento de las estrategias de difusión de las Recomendaciones Generales e Informes Especiales entre las autoridades, y posicionamiento en medios de comunicación masiva vinculados a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El primer visitador General precisó que el Estudio detalla que del total de puntos recomendatorios y propuestas, el 56 por ciento son de carácter operativo, relativos a la revisión, modificación o creación de prácticas administrativas o pautas de actuación de las y los servidores públicos para corregir y prevenir las violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El 38 por ciento corresponden a acciones programáticas, esto es, se refieren al diseño e implementación de políticas públicas en su sentido más amplio, y menos del uno por ciento son de tipo normativo, es decir, propuestas de revisión, modificación o creación de leyes, reglamentos, marcos normativos o cualquier otro instrumento legal para mejorar el cumplimiento de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
El estudio fue coordinado por Fiorella Mancini, doctora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, quién señaló que, se analizaron nueve instrumentos emitidos por la CNDH entre 2003 y 2017, en su estructura, así como la respuesta de las autoridades estatales y federales, se evaluó su impacto y se formularon propuestas de mejora para su elaboración y cumplimiento.
Mencionó que se han registrado avances en temas de discriminación por motivos religiosos, violencia sexual y pandillas juveniles, mientras que en trabajo infantil y desaparición de personas se evidenciaron rezagos de cumplimiento.
Nashieli Ramírez, ombudsperson de la Ciudad de México, destacó que el Estudio es una investigación robusta y la ruta a seguir por todos los organismos públicos de derechos humanos del país; enfatizó que la reciente reforma normativa que convirtió a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en una Dirección General adscrita a la Secretaría Gobernación cuando había iniciado como una Subsecretaría, le resta capacidad de operación.
Agregó que ningún aspirante a un puesto de elección popular se ha pronunciado sobre la importancia de la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, además, de señalar que la Comisión de la Ciudad de México está en alianza con la CNDH para trabajar en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Durante la presentación del Estudio en el Centro Nacional de los Derechos Humanos, Guillermo Estrada Adán, secretario Académico de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, mencionó que es necesario acercar las ciencias sociales a las niñas y niños para que se formen una conciencia humanística y fomentar en ellos el respeto a los derechos humanos.