El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, dijo que más allá del eufemismo, de saber si es pensión vitalicia o haber de retiro, “lo que debemos evitar a toda costa es que la reforma electoral aprobada por este Congreso no nazca empañada en la sombra de la duda”.
Criticó que ésta sola expresión “haber de retiro” confrontó a todos los grupos parlamentarios y por un momento abonó a la desconfianza, al grado de que muchos legisladores han demandado que se aclare su autoría material e intelectual en el dictamen que fue aprobado desde el Senado de la República, y que hoy motivó la presentación de esta iniciativa.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política reveló que la semana pasada en el marco del periodo extraordinario para aprobar las leyes secundarias en materia electoral, desde el Senado de la República se introdujo un conjunto de modificaciones a la ley Orgánica del Poder Judicial, en particular, la reforma a su artículo 209 en su fracción XXXI.
“Se propuso una reforma para que la Comisión de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tuviera la facultad de poder determinar, en su caso, el haber de retiro de los magistrados de su Sala Superior; tomando en cuenta que está prevista la disposición legal que prohíbe a los ex integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral a desempeñar cualquier actividad relacionada con su profesión durante dos años”, refirió.
Sin embargo, el diputado reveló que frente a la poca claridad de la propuesta de modificación, la forma en que fue introducida en el texto de la minuta desde la Cámara de Senadores y la sospecha sobre las verdaderas intenciones que la motivaron, considerándola como una pensión vitalicia anticipada para los magistrados, ”nuestro grupo parlamentario considera fundamental reformar el mismo texto normativo, para disipar toda duda sobre el ejercicio de esta facultad”.
Aureoles Conejo mencionó que dicha pensión, lejos de considerarse como una recompensa bien ganada, debe asumirse como un privilegio indebido para quienes han desempeñado dicho encargo, tomando en cuenta que los magistrados ganan cuatro millones 206 mil pesos al año, de los cuáles dos millones 601 900 pesos corresponden a sueldos y salarios, 866 mil 353 pesos en prestaciones y 737 mil 718 por un bono de riesgo.
Asimismo, reveló que solamente el cálculo y lectura de estos datos constituyen una cifra exorbitante e insultante en comparación con los bajos salarios y escasas prestaciones que devengan la mayoría de los mexicanos, y que son un claro ejemplo, del alto nivel de ingresos de la alta burocracia en el país.
El Grupo Parlamentario del PRD asumiendo el compromiso y la palabra empeñada de los grupos parlamentarios del PRI y del PAN para modificar este artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante la derogación de su fracción XXXI, presentamos esta iniciativa, comentó.
Esta iniciativa fue suscrita por el vicecoordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, y será analizada por comisiones en San Lázaro.
