* Con ello se supera el problema de inconstitucionalidad declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Fernández Balboa
* La propuesta modificaría diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos
Ciudad de México.- La presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, presentó ante el Pleno una Iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos a fin de modular objetivamente el sueldo del presidente de la República.
Los cambios propuestos atienden a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y tienen como objetivo superar una inconstitucionalidad señalada, y establecer criterios objetivos para determinar la percepción total anual que deban recibir los servidores públicos.
Lo anterior a fin de cumplir el contenido del Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que nadie en un empleo gubernamental perciba una remuneración superior a la establecida para el presidente de México.
Dicho artículo constitucional define como remuneración “toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales”.
La Iniciativa plantea reformar los artículos 6 y 7 de la Ley de Remuneraciones, para tomar en cuenta al fijar sueldos, las funciones y nivel de responsabilidad de cada puesto, y el costo de oportunidad de desarrollarse en el sector público, en comparación con el privado.
Establece también que la metodología a seguir para definir lineamientos y fórmulas de cálculo será determinada de manera específica por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
También define como criterios para determinar el sueldo del presidente de la República la independencia, para minimizar la probabilidad de captura por el poder político o económico, la especialización, el riesgo asociado al desempeño de sus funciones, el costo de vida y el índice inflacionario, así como la posibilidad de percibir otros ingresos sin que exista conflicto de interés.
La Iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.
