* Aprueban acuerdo para pedir por escrito situación jurídica que guarda la presidencia del Tribunal Superior Agrario
México, DF.- El Senador Daniel Ávila Ruiz presentó formalmente, junto con otros legisladores, una solicitud de consulta popular, con el fin de que la ciudadanía se pronuncie si está de acuerdo que se emita una Ley que fije límites máximos a las remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos, y que reduzca en un 50 por ciento las que actualmente percibe el presidente de la República y altos servidores públicos de la Federación.
Al exponer las razones de la solicitud, señaló que la consulta popular es de trascendencia nacional, pues tiene como propósito conocer si la ciudadanía desea que se emita una Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria del Artículo 127 Constitucional; lo que repercute en la mayor parte del territorio nacional y en todos los espacios federales.
La eventual expedición de esta ley, permitiría reducir en un 50 por ciento las remuneraciones y prestaciones de mandos medios y superiores de la administración pública federal, lo que representaría un ahorro de 20 mil millones de pesos anuales, apuntó Ávila Ruiz, durante la sesión de la Cámara de Alta celebrada el pasado 17 de septiembre.
Luego de aclarar que dicha consulta popular se aplicaría durante la jornada electoral federal que tendrá lugar el próximo año, el Senador yucateco enfatizó que “esta liberación de recursos para proyectos sociales y productivos implica un impacto claro, contundente y evidente para la población en general”.
* Aprueban acuerdo para pedir por escrito situación jurídica que guarda la presidencia del Tribunal Superior Agrario
En el Senado de la República, Ávila Ruiz y las comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia aprobaron un acuerdo por el que se consulta a los magistrados del Tribunal Superior Agrario, para que informen por escrito sobre la situación jurídica que guarda la Presidencia del Tribunal Superior Agrario.
Lo anterior, debido a que el pasado 30 de agosto, Marco Vinicio Martínez Guerrero, magistrado Numerario del Tribunal Superior Agrario, cumplió 75 años de edad, alcanzando con ello el límite de edad establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica
Por tal motivo, los legisladores resaltaron que existe un vacío de la presidencia de este organismo autónomo, provocando una crisis institucional, pues la permanencia de Martínez Guerrero se encuentra en litigio, al haber presentado un amparo para evitar el inminente retiro forzoso del cargo.
Al señalar que la situación por la que atraviesa dicho órgano es de dominio público y no se debe permitir una crisis institucional, subrayó que existen retos y obstáculos que enfrenta la justicia agraria, por ello exigió a las autoridades del Tribunal Superior Agrario a impartir justicia a los pueblos más remotos y aislados del país, además de atender y proporcionar las herramientas necesarias en materia agraria a personas de escasos recursos.
Por otra parte, Ávila Ruiz preguntó sobre la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema de autonomía de los tribunales agrarios, y en su caso, en la necesidad de rediseñar el sistema de impartición de justicia agraria a favor de los más desprotegidos.
En la misma reunión de trabajo, comparecieron Concepción María del Rocío Balderas Fernández y Rubén Gallardo Zúñiga, candidatos para ocupar la vacante de magistrado del Tribunal Superior Agrario, en virtud de la renuncia de Luis Octavio Porte Petit Moreno, propuestos por el presidente Enrique Peña Nieto.
Durante la comparecencia, el Senador Ávila Ruiz instó a los postulantes a que le manifestaran su plan de trabajo, con el fin de conocer con certeza la forma de contrarrestar el rezago en la solución de conflictos agrarios.
También, comparecieron Luis Antonio Betancourt Sánchez y Manuel Loya Valverde, propuestos como magistrados unitarios agrarios, por haber concluido el término de seis años para el que fueron designados, así como comparecieron los magistrados numerarios de Tribunal Unitario Agrario, Aldo Saúl Muñoz López y José Lima Cobos, a quines se les repuso el procedimiento de ratificación o no a su cargo.
