* Se aplicará la ley en caso Amoltepec, porque la impunidad genera ingobernabilidad: Jesús Martínez Álvarez, Secretario General de Gobierno
* Informó que se inició la averiguación previa contra cinco personas plenamente identificadas por la presunción de los delitos de privación de la libertad y saqueo
* Aseguró que han sostenido cinco reuniones previas con los inconformes y que la problemática en Santiago Amoltepec obedece a un conflicto intermunicipal

Oaxaca, Oax.- El titular de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO), Jesús Martínez Álvarez, afirmó que se aplicará la ley contra un grupo de pobladores del municipio de Santiago Amoltepec, encabezados por el síndico municipal, Aurelio López y el ex alcalde, Lorenzo Santos Torres, quienes este fin de semana secuestraron a nueve elementos de la Policía Estatal y al periodista Jorge Luis Martínez Antonio.

En entrevista aseguró que la problemática que se vive en esta localidad, perteneciente al distrito de Sola de Vega, en la región de la Sierra Sur, obedece a un conflicto intermunicipal, por lo que no existe razón de ser para que este grupo de personas violenten la estabilidad social en esta población y se vulneren los derechos humanos de terceros.

“Se aplicará todo el peso de la ley contra quien o quienes resulten responsables por los delitos de privación ilegal de la libertad y saqueo, porque la impunidad genera ingobernabilidad. La gente cree que puede hacer lo que desee, violentar la ley, secuestrar personas o policías y que no suceda nada, pero ya no es así”, advirtió.

Ante este hecho, dejó en claro que el Gobierno del Estado condena estos acontecimientos y exige de manera inmediata la liberación de los elementos policiales, así del periodista Jorge Luis Martínez Antonio –reportero de las agencias de información Quadratín y Oaxaca en pie de lucha- quien fue vulnerado en sus derechos de tránsito y en el ejercicio libre de su actividad periodística.

En este sentido, Martínez Álvarez adelantó que la autoridad competente inició la Averiguación Previa correspondiente contra un grupo de cinco personas plenamente identificadas como presuntos responsables de estos hechos, y se espera que en las próximas horas se liberen y ejecuten las órdenes de aprehensión, para dar cumplimiento al Estado de Derecho.

A su vez, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Marco Tulio López Escamilla, indicó que se actuará de manera firme en el marco de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza, expresando su deseo que en las próximas horas se privilegie el diálogo para dar solución al conflicto y a la liberación del periodista y personal policiaco retenidos, antes de que la fuerza pública cumpla con su misión de preservar la integridad física y garantizar la libertad de las personas retenidas.

La SSP confirmó que los elementos retenidos responden a los nombres de: Armando Cruz Sánchez; Domingo López Jiménez; Luis Edgar César Rey; Juan José Osorio Toledo; Félix Octavio Ramírez López; Eduardo Ruíz; Severo Ruíz Aguilar; Roldán Pioquintó Carrión e Israel Ortega Lagunas.

López Escamilla indicó que los efectivos se encuentran bien de salud y la SSP continúa pendiente sobre la situación, incrementando el número de efectivos en las inmediaciones del municipio de Santiago Amoltepec, con el propósito de intervenir, en tanto las autoridades correspondientes así se lo instruyan, con la finalidad de garantizar el orden y la estabilidad en la zona.

En este sentido, Martínez Álvarez informó que en diversas ocasiones y acompañado por las partes en conflicto y autoridades estatales se han sostenido cinco mesas de trabajo en las oficinas de la SEGEGO, a fin de encontrar canales de solución que diriman por la vía del diálogo y la búsqueda de acuerdos el conflicto intermunicipal que vive Santiago Amoltepec.

Detalló que el origen del problema surgió cuando algunos pobladores solicitaron la destitución de su alcalde Pedro Luis Jiménez Hernández, por presunto manejo inadecuado de recursos, pero la Auditoría Superior del Estado (ASE) realizó una revisión exhaustiva al respecto, sin embargo, los auditores no encontraron irregularidades.

Ante este hecho, Martínez Álvarez reiteró el respeto del Poder Ejecutivo a la autonomía de la autoridad municipal “y en su caso, la LXI Legislatura Local es quien tiene todas las facultades para resolver el conflicto intermunicipal, pues es el único órgano con capacidades para conocer y resolver sobre este particular”.

Por tal motivo, sostuvo que el Gobierno del Estado no cederá ante chantajes o presiones de cualquier tipo, sobre todo cuando se incurre en delitos graves como secuestro de personas o saqueo de materiales de construcción que permanecían resguardados en una bodega de Santiago Amoltepec, al igual que maquinaria destinada para abrir caminos y carreteras en la región de la Sierra Sur.

El titular de la SEGEGO abundó que el Gobierno del Estado ha instruido a las instancias de Gobernación y Justicia a actuar con prontitud en las indagatorias correspondientes y dar con los presuntos responsables de estos hechos, a fin de coadyuvar a restablecer la gobernabilidad y paz social en esta localidad.

* Origen del conflicto intermunicipal en Santiago Amoltepec

El 22 de diciembre de 2011, un grupo de ciudadanos encabezados por el Síndico Municipal de Santiago Amoltepec, Aurelio López Hernández, por el alcalde Único Constitucional, Lorenzo Santos y el ex representante de Bienes Comunales, Vicente López Hernández, acordaron destituir al Presidente Municipal, Pedro Luis Jiménez Hernández, argumentando la supuesta inexistencia de obra municipal, así como desvío de los recursos económicos que recibe el ayuntamiento.

Durante el mes de diciembre de 2011 y hasta marzo de 2012, realizaron gestiones ante la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) y la LXI Legislatura Local, a fin de acreditar a Aurelio López Hernández como Presidente Municipal, sin obtener resultados positivos.

De manera simultánea realizaron diferentes actos de presión, alegando contar con el apoyo de toda la población del municipio, incluidos los 28 agentes de la demarcación. Sin embargo, la SEGEGO, expuso con claridad que no tiene la facultad para colocar o destituir alcaldes, pues esta virtud únicamente corresponde al Congreso Local, órgano único que debe adoptar la determinación procedente.

Por su parte, la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) que acompaña el proceso de paz y conciliación de esta comunidad con las comunidades de Santa Cruz Zenzontepec y Santa María Zaniza, ha exhortado al Presidente Municipal, Pedro Luis Jiménez Hernández, a resolver esta inconformidad por la vía del diálogo, a fin de no afectar la incipiente paz que se viene construyendo con estas comunidades.

En diversas ocasiones, el alcalde se ha presentado ante la SEGEGO y la SAI con 23 de los 28 Agentes Municipales manifestando que los intentos de su destitución, así como la pretensión de acreditar al Síndico como nuevo Presidente Municipal, es decisión de un grupo minoritario de personas.

Asimismo, ha señalado que al pretender establecer dialogo con ellos, le solicitan sumas de dinero a cambio de desistir de su pretensión y ante su negativa no ha prosperado ningún diálogo conciliatorio.

Jiménez Hernández también ha indicado que la mayoría de quienes integran el grupo inconforme, están ligados presuntamente a actividades ilícitas, como el robo de autos, asesinatos, lesiones y violación.

El día 3 de agosto del año en curso, el Síndico Municipal, Aurelio López Hernández, convocó a una supuesta asamblea en la cabecera de Santiago Amoltepec, a la cual acudieron aproximadamente 100 personas que determinaron retener y desarmar a los nueve elementos de la Policía Preventiva destacamentada en dicha municipalidad, así como al periodista, Jorge Luis Martínez Antonio, quienes acudieron a instalar una mesa conciliatoria. El impedirles el libre tránsito, fue una medida de presión para que las autoridades correspondientes reconozcan al referido Síndico como Presidente Municipal y se le entreguen todos los recursos municipales.

Ante esta situación, la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) hace un llamado a distinguir entre la inconformidad legítima que puede existir en un sector de la población respecto de la inversión de sus recursos municipales y las actitudes que se encuentran fuera de la Ley, como la retención de los elementos policiacos.

El Gobierno del Estado rechaza que se afecten los derechos individuales y se use el chantaje para obtener pretensiones que no se han podido lograr mediante las vías institucionales y legales, en virtud que la pretensión del grupo inconforme ya fue valorada por el Congreso del Estado y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que las instancias hayan resuelto conforme a sus intereses.

Las autoridades gubernamentales han dado atención permanente y puntual a esta conflicto intermunicipal, a fin de encauzar la solución por la vía del diálogo y la conciliación, por ello se exhorta a liberar a los policías estatales y al periodista retenidas, y canalizar sus demandas por las vías legales e institucionales correspondientes.