Las estrategias y acciones para fortalecer los ejes rectores en materia de procuración de justicia y delitos electorales, se analizaron en la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia, Zona Sureste, que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán y en la que participó, Manuel de Jesús López López procurador General de Justicia de Oaxaca.
En el evento se reunieron los procuradores de Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Oaxaca y la Procuradora General de la República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, en su carácter de Presidenta de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia.
Durante este evento se abordaron temas como: la coordinación entre las Procuradurías para la discusión y análisis de los delitos de trata de personas, lavado de dinero, narcomenudeo, entre otros y su impacto, tanto en el ámbito federal como en el local.
De igual forma se discutieron los criterios a seguir en la investigación de los delitos electorales que pudieran originarse con motivo de las próximas elecciones estatales 2011 y las federales de 2012.
Asimismo se analizaron los modelos de transición al nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial, con la finalidad de homologar diversos aspectos del sistema en las entidades federativas, para reforzarlos en las que ya entró en vigor el sistema, así como para ir capacitando a las entidades federativas que todavía no lo han implementado.
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, propuso los mecanismos de acercamiento y coordinación con las entidades federativas, con el objeto de intercambiar información, capacitar a los agentes del Ministerio Público y lograr la colaboración interinstitucional, en materia de delitos electorales.
Finalmente, durante los trabajos de esta reunión se refrendó el compromiso de consolidar las instituciones de procuración de justicia del Estado mexicano, para contribuir a garantizar la seguridad ciudadana, combatir de manera efectiva el crimen en todas sus expresiones, y garantizar la vigencia plena del estado de Derecho.
