Ciudad de México.- Con el fin de impulsar y fortalecer la educación superior que brinda el sector privado como una opción viable para ampliar la cobertura educativa y combatir la deserción escolar, la senadora Minerva Hernández Ramos urgió al Gobierno Federal a otorgarle mayores incentivos fiscales.

Ante el Pleno del Senado de la República, hizo un llamado a no pasar inadvertida la relevancia que tienen para la educación superior las instituciones particulares, que actualmente proporcionan educación a 1.1 millones de alumnos, emplea a 230 mil personas y otorga 330 mil becas a estudiantes.

La legisladora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) resaltó que el ahorro anual en los presupuestos Federal y estatales, como resultado del gasto de las familias en educación superior particular, asciende a alrededor de 88 mil millones de pesos.

En este sentido, sostuvo que desde el punto de vista financiero, el desarrollo y crecimiento de la educación superior privada se puede interpretar como una necesaria contribución financiera al gasto educativo nacional.

La iniciativa de la representante por el estado de Tlaxcala plantea reformar las leyes del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), con miras a incentivar el otorgamiento de donativos a instituciones de enseñanza superior con la finalidad de generar oportunidades de desarrollo profesional para un amplio sector de la población.

Además, establece que los pagos que realicen los padres de familia por concepto de colegiaturas, respecto de los cuales se pueda acreditar plenamente su destino, sean deducibles de forma independiente al límite de deducción que tienen las personas físicas.

Asimismo, se propone que los donativos otorgados a instituciones de educación superior con calidad acreditada sean deducibles hasta por el 25 por ciento de la utilidad fiscal o de los ingresos acumulables.

En lo que corresponde al IVA, se propone una reforma a la ley que lo regula con la finalidad de que los servicios de enseñanza no se consideren exentos y tributen conforme a lo previsto por el artículo 2-A de la Ley del IVA.

Lo anterior, sostuvo la integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, permitirá a las instituciones de educación superior del sector privado, con calidad acreditada, obtener los recursos necesarios para otorgar un mayor número de becas, desarrollar áreas específicas como investigación, infraestructura y tecnología, encaminadas al crecimiento y modernización de dichas áreas.

“También les permitiría construir instalaciones para un mayor número de estudiantes, todo ello en aras de una educación de calidad”, aseguró la integrante del PAN.

Hernández Ramos hizo énfasis en que actualmente las instituciones privadas enfrentan una carga impositiva y financiera que oscila entre el 29 y el 37 por ciento de sus ingresos, incluyendo el cinco por ciento de becas que están obligadas a otorgar y el impuesto al valor agregado no recuperado, que constituye más o menos el cinco o seis por ciento de ingresos.
“Nuestros jóvenes y niños están inmersos en un círculo vicioso: abandonan sus estudios por tener que trabajar y, a la vez, obtienen una baja remuneración al no contar con mayores estudios”, mencionó.

En este sentido, dijo que las universidades particulares, apoyadas por un marco fiscal que favorezca la disponibilidad de recursos financieros y económicos, podrían representar una opción viable para hacer frente a la situación de deserción.

“En México hay muy pocos incentivos y, generalmente, éstos no son aplicables a la educación superior pública”, concluyó.